La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha señalado que el Ejecutivo andaluz ha propuesto al Gobierno central que se den instrucciones para que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivados por la sequía sean considerados de fuerza mayor.

En el transcurso de su participación en el ciclo de coloquios que organiza el Diario SUR en Málaga, Blanco ha indicado que, a pesar de la lluvia caída en Semana Santa, la sequía provoca una situación difícil, toda vez que, como ha recordado, en el 2023 "ha restado hasta dos puntos al PIB".

Ha explicado que sería oportuno que el Gobierno de España dicte instrucciones para considerar estos ERTE específicos que puedan derivar de la sequía "ya que la cotización es diferente si un ERTE es por causas económicas, tecnológicas o productivas, a si es por causas de fuerza mayor", de modo que en este último caso "no hay cotizaciones por parte de la empresa con lo que no hay menoscabo para ellas y los trabajadores cobran su prestación por desempleo".

La consejera ha incidido en que las complicaciones que acarrean las empresas a cuenta de la falta de agua no solo se circunscriben al sector agrario, sino que causan un "efecto dominó" y también provoca estragos en la industria y en el sector servicios.

Así las cosas, Blanco ha hecho hincapié en las medidas en las que está trabajando la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para propiciar la creación de empleo en Andalucía y, entre otras, se ha referido al Plan de Empleo Andalucía Activa, una convocatoria de subvenciones en colaboración con ayuntamientos y entidades locales autónomas para impulsar la empleabilidad en los municipios andaluces, con una previsión de contratación aproximada de 10.000 personas, que va a contribuir a compensar parte del empleo que ha resultado afectado por la falta de agua en Andalucía y que contará con una dotación de 110 millones de euros.

Además, ha explicado que la acción de la Administración en material laboral se centra en tres pilares: una reforma del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para hacerlo más eficaz; una apuesta decidida por la Formación Profesional para el Empleo, como la mejor política activa de empleo que mejora la empleabilidad de los andaluces y la productividad de las empresas; y medidas que incentiven la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo, "subvenciones que también actúan como palanca para mejorar la situación de determinados colectivos".

En este último punto, además del Plan Andalucía Activa, la Consejería de Empleo está confeccionando un paquete de incentivos por 145 millones de euros para pymes y autónomos a fin de fomentar el empleo estable de jóvenes, colectivos vulnerables, personas con discapacidad y en corporaciones locales, una medida que tendrá efecto retroactivo con los contratos realizados desde el 1 de marzo de este año.