Las universidades públicas andaluzas precisan incrementar sus plantillas de profesores ayudantes doctores en casi 900 plazas más para afrontar la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en la comunidad. En el pleno del Parlamento, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado que le ha remitido una carta a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con esta propuesta, que está fundamentada en las peticiones concretas realizadas por los rectores del sistema público a la Consejería, una vez conocido el ofrecimiento inicial realizado por el Ministerio de Ciencia a través del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas.

Las plazas que solicita la Junta al Ejecutivo central suponen aumentar la dotación de 450 docentes de esta modalidad, planteada en ese programa para Andalucía. Teniendo en cuenta la disparidad de cifras, el consejero de Universidad ha señalado que "la cuantía propuesta por el Ministerio en su plan no cubre las necesidades reales de las instituciones de educación superior de la región, que constituyen el primer sistema universitario público del Estado". "Nuestra comunidad, pese a tener el primer sistema universitario, se encuentra en tercer lugar en la asignación de plazas", ha apostillado. Además, ha aclarado que la andaluza es la segunda región que mejor paga a sus ayudantes doctores, "con una diferencia de hasta 10.000 euros con respecto a otras comunidades".

Por otro lado, el consejero ha indicado que en la carta remitida, se le ha vuelto a reclamar a la ministra Diana Morant que "facilite a las comunidades la propuesta definitiva de su iniciativa, con los detalles específicos de esta actuación" para que desde la Consejería se pueda tomar "la decisión que resulte más favorable" para el sistema universitario público andaluz.

Este programa implica financiar con 150 millones de euros anuales, procedentes de fondos estatales, un total de 3.400 plazas de ayudantes doctores en las universidades públicas a partir del próximo curso 2024-2025, durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. Esa aportación supone asumir, por parte del Ministerio de Ciencia, las dos terceras partes del presupuesto global de la medida y exige a las comunidades hacerse cargo del tercio restante, así como del coste de la estabilización de esas plazas, una vez finalizados los contratos.

En cualquier caso, Gómez Villamandos ha insistido en sede parlamentaria que Andalucía seguirá trabajando "de manera seria, desde la estabilidad política e institucional en defensa de la universidad".