La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha diseñado el protocolo para la protección de docentes víctimas de violencia de género. Esta iniciativa, que ha sido acordada con los representantes sindicales de la Mesa Sectorial de Educación (CSIF, ANPE, USTEA, CC.OO y UGT), recoge los derechos laborales y la asistencia social integral de estas mujeres en los procedimientos de adjudicación de vacantes.

De esta manera, el protocolo regula la movilidad por situaciones de violencia de género para que las docentes funcionarias de carrera víctimas puedan ejercer el derecho preferente en los procedimientos de oferta para la cobertura de puestos de trabajo vacantes con carácter provisional.

También el documento incluye medidas para que las funcionarias interinas obtengan un puesto adecuado para su protección en la resolución provisional del procedimiento de adjudicación. En el caso de que obtengan un puesto en la resolución definitiva del procedimiento de adjudicación, podrán renunciar al puesto adjudicado, en aras de asegurar su protección, no siendo excluidas de las bolsas correspondientes y pudiendo participar en los procedimientos de adjudicación de vacantes sobrevenidas y sustituciones gestionados a través del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI) que tienen lugar a partir del inicio del curso escolar.

De acuerdo con el protocolo, la condición de víctima se acreditará a través de sentencia condenatoria, orden de protección vigente en el momento de la solicitud o, en tanto se hace efectiva, un informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios, resolución judicial de medidas cautelares penales de protección, y certificado o informe de atención especializada expedido por un organismo público competente en violencia de género. Por razones de urgencia y para facilitar la adopción de medidas provisionales, también se podrán ejercer algunos derechos sin acreditación documental, sin perjuicio de su posterior aportación.

En todo el proceso se seguirán las cautelas de confidencialidad y protección de la intimidad que exige la legislación vigente. Así, se garantizará la intimidad de las víctimas mediante la especial protección de sus datos personales, los de sus descendientes, y los de cualquier persona que esté bajo su tutela, guarda o custodia.

De esta manera, los datos de las empleadas públicas afectadas serán especialmente protegidos y los destinos adjudicados no se harán públicos. Asimismo, las inscripciones registrales que deban realizarse en el sistema informático de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se llevarán a cabo de modo que ni de los datos de las víctimas, ni de cualquier otra información de la que pueda deducirse su situación pueda trascender la existencia de una forma especial de obtención del puesto de trabajo docente.