El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos por la que se declara, a propuesta de la Consejería de Industria, Energía y Minas, inversión empresarial de interés estratégico de Andalucía el proyecto de ampliación de la planta de fabricación de transformadores de potencia de Hitachi Energy Spain en Córdoba. La iniciativa supondrá una inversión de 80 millones de euros y prevé la generación de 75 puestos de trabajo directos a tiempo completo durante la fase de explotación.

La actuación consiste en la ampliación de la capacidad de la línea de fabricación actual de transformadores en sus dos productos principales y en la creación de dos nuevas líneas, una dedicada a la fabricación de las cubas de transformadores de potencia y otra para la fabricación de reactancias de potencia. En este sentido, el proyecto se alinea con la política industrial de Andalucía, en tanto que busca incrementar la huella industrial en el desarrollo de las energías renovables, y particularmente se enmarca en el Plan de Cadena de Valor CRECE Industria de la Energía, Climatización y Frío Industrial.

La declaración de proyecto de interés estratégico de Hitachi Energy Spain cuenta con el informe favorable, a los efectos de su designación, de la Unidad Aceleradora de Proyectos, así como con los informes preceptivos de la Consejería de Industria, Energía y Minas, competente por la materia del proyecto; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; de Salud y Consumo; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Turismo, Cultura y Deporte; y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Esta declaración tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa para fomentar al máximo las iniciativas empresariales, así como favorecer el mantenimiento, la creación de empleo y la atracción de inversiones a Andalucía. De esta manera, la consideración de proyecto de interés estratégico implica la reducción a la mitad de los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la normativa, según recoge el Decreto-ley 4/2019 de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 10 diciembre.