El presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 2017 ascenderá en 2017 a 184,5 millones de euros, lo que representa una subida del 2,9% respecto a las cuentas del presente ejercicio, según ha explicado en comisión parlamentaria la consejera María Jesús Montero, que ha anunciado que su departamento fortalecerá áreas como la lucha contra el fraude, a través de la Agencia Tributaria de Andalucía, y el Instituto Andaluz de Administración Pública, que crecen por encima de la media de su departamento, con un incremento del 4,8% y el 5%, respectivamente.

Durante su intervención, Montero, que ha detallado en la Cámara andaluza las principales líneas de actuación de la Consejería para el próximo año, ha defendido la necesidad de plantear "de manera transversal" la modernización de la gestión pública en la Junta de Andalucía, con el fin de avanzar hacia la "excelencia" en la prestación de servicios, dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, ha reiterado el compromiso de trasladar a la sociedad la recuperación económica con la reducción de la carga impositiva, mediante la puesta en marcha de nuevas reducciones en el Impuesto de Sucesiones y la creación de una mesa de trabajo para abordar una "reformulación integral" del componente autonómico del IRPF.

La devolución de derechos a los empleados públicos, entre los que se encuentra el restablecimiento de la jornada de 35 horas; facilitar la financiación a las empresas y en especial a las pymes andaluzas a través de la creación de la Agencia Financiera de la Junta; y avanzar en la racionalización del sector público instrumental así como en la eficiencia y transparencia en la gestión financiera constituyen algunas de las prioridades de la Consejería para 2017.

El presupuesto también incorpora medidas para continuar los mecanismos de control del gasto, especialmente en el ámbito de las subvenciones públicas, de modo que, adicionalmente, deberán publicarse en BOJA las ayudas concedidas. En materia de reintegro, se introducen normas para aclarar el plazo de prescripción del derecho de la administración a reconocer o liquidar en el supuesto de las subveniones se abonen previa justificación. Asimismo, las operaciones financiadas con cargo a los fondos europeos de nuevo periodo de programación 2014-2020, estarán acompañadas de un plan de control al efecto así como de auditorías en la gestión y control de los programas operativos.

Respecto a la actividad legislativa, la previsión es que desde enero estén en vigor los decretos de Tesorería y tiempos máximo de pagos y, durante 2017, se apruebe una nueva Ley de empleo público, un nuevo convenio colectivo para personal laboral, el anteproyecto de Ley de gobernanza que regulará el desempeño de los altos cargos, así como el decreto con la Oferta de Empleo Público de 2017, con 7.400 plazas (5.500 de acceso libre y 1.900 de promoción interna).

Gestión pública

Montero ha avanzado que, antes de que finalice este mismo año, se lanzará la Estrategia para una Gestión Pública Innovadora en Andalucía, cuyo obejtivo es "transformar la Administración pública" para que sea más abierta, aporte "mayor transparencia, información y participación directa, y esté basada en la "innovación y la ética pública". Según ha explicado, se abrirá un proceso participativo hasta mayo, con el fin de que pueda aprobarla el Consejo de Gobierno en torno a septiembre de 2017.

Paralelamente, se implantará un sistema integral de evaluación de políticas públicas que permita comprobar los resultados de las iniciativas que se ponen en marcha, siguiendo el modelo que ya se ha pilotado en el plan de apoyo al sector TIC, y se avanzará en un nuevo modelo de gestión de la calidad, "único para toda la Junta, pero con la suficiente versatilidad para que pueda ser adaptado a las distintas organizaciones", orientado a la mejora de la satisfacción de la ciudadanía.

La administración electrónica constituye otro de los factores de modernización sobre los que la Junta incorporará novedades el próximo año como la extensión de la factura electrónica a las agencias públicas empresariales, el impulso de los trámites y servicios telemáticos para el acceso a los servicios públicos incorporando sistemas de identificación más flexibles como la clave concertada para ciudadanos que no dispongan de certificado electrónico.

Con el fin de mejorar en eficiencia, en el primer trimestre del 2017, se creará la Oficina andaluza de evaluación que analizará e informará, previamente a la licitación, de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y de servicios públicos. También se acometerán cambios "estructurales" en la Tesorería, con el doble objetivo de reducir tiempos de pago a proveedores y mejorar la gestión de los recursos.

Según las previsiones apuntadas por la consejera, en enero entrará en vigor el decreto que garantizará un plazo de 20 días naturales para el pago de facturas vinculadas a servicios públicos fundamentales e incorpora un sistema innovador ya que, una vez cumplido los proveedores podrán acudir a una entidad financiera que les abonará la factura en un máximo de siete días. Además se configurará un nuevo modelo de Tesorería que permitirá reducir a unas diez el número de cuentas bancarias de la Junta (sin incluir las de los centros docentes públicos y cuentas de efectivo). Trimestralmente se publicará en el Portal de Transparencia información individualizada de los cobros y los pagos realizados diariamente, así como el saldo medio con todos sus movimientos.

Por su parte, en el ámbito de la contratación, se incorporarán las cláusulas sociales y ambientales y se constituirá una comisión de seguimiento y control, integrada por la Administración, los sindicatos y la patronal, para verificar su aplicación. Según ha destacado la consejera, "a partir de ahora, en las adjudicaciones de la Junta se valorarán aspectos de calidad en el empleo, de conciliación o de igualdad de oportunidades", de modo que la Junta "como mayor empresa de Andalucía, va a utilizar su poder de contratación para construir una sociedad más decente en lo laboral, más justa en lo social y más sostenible con el medio ambiente".

Fraude fiscal

La consejera ha recordado que a partir del 1 de enero entran en vigor las nuevas medidas de la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que incrementará la reducción autonómica para las herencias recibidas, desde 175.000 a 250.000 euros. Asimismo se crea una reducción de 200.000 para herencias de entre 250.000 y 350.000. El objetivo, según ha apuntado, es dotar al sistema fiscal de "mayor igualdad, progresividad y de un marcado carácter redistributivo, con el fin de lograr una reducción de las diferencias de renta y riqueza de los andaluces y, en suma, una mayor justicia económica y social".

En este sentido, la consejera ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para la "reformulación integral de la estructura autonómica del IRPF", que reordene el mapa actual de deducciones, unifique tramos respecto a la escala nacional y los tipos de gravamen aplicables, si bien ha advertido de que la reforma deberá estar vinculada al futuro sistema de financiación autonómica.

Montero también ha destacado la importancia de continuar con la lucha contra el fraude fiscal, no solo en relación a los tributos que gestiona la comunidad autónoma sino del conjunto de los ingresos de derecho público, así como profundizar en la prevención accediendo a información relevante que permita la detección. Para ello, se incrementará la dotación de personal en la Agencia Tributaria de Andalucía y se creará la Oficina para la prevención de la corrupción. La consejera ha destacado el esfuerzo realizado en el ámbito de la lucha contra el fraude lo que ha propiciado ingresos adicionares de 247 millones de euros en los últimos 12 meses, por lo que se incrementará la dotación presupuestaria en un 4,8%.

El presupuesto incorpora medidas para avanzar en la racionalización del sector público instrumental y para intensificar su control presupuestario. Así, además de recoger la liquidación de 13 entes, se incrementa la información presupuestaria de modo que los presupuestos de explotación y capital se acompañan de una memoria explicativa, sus objetivos y proyectos están debidamente cuantificados, y figuran las partidas que las financian. A su vez, se ha ampliado a la totalidad de entidades la obligación de elaborar Planes de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) y se realizará un "seguimiento exhaustivo" de los periodos medios de pago a proveedores.

Montero también ha reafirmado su compromiso para facilitar financiación a las empresas y, en especial, a las pymes, y tras la incorporación de observaciones en el trámite de audiencia del anteproyecto de ley del ente público de crédito, se procederá a crear la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía.

Respecto a las inversiones en sedes administrativas de la Junta, el presupuesto consigna 15 millones de euros para la realización, entre otras, de actuaciones de modernización en el edificio Almanjáyar de Granada; la rehabilitación y adecuación del inmueble en la Plaza de la Constitución 1 de Huelva, con destino a sede de la Delegación del Gobierno; y la construcción de nuevo edificio administrativo y rehabilitación de edificio existente en la parcela situada en la avenida Ortega y Gasset 72 de Málaga, para sede de delegaciones territoriales.