El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la contratación del transporte sanitario terrestre programado y urgente en Córdoba, por un importe de 57,16 millones de euros y cuatro años de vigencia prorrogables por otros dos. Frente al anterior modelo diferenciado por centros y áreas sanitarias, se trata del primer contrato de carácter conjunto que se realizará para los centros sanitarios públicos de esta provincia: los dependientes del Hospital Universitario Reina Sofía, las áreas de gestión sanitaria Córdoba Sur y Norte de Córdoba, y los distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba.

Esta nueva fórmula de gestión, a cargo de la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, reducirá los tiempos de espera para los traslados y permitirá controlar su duración, además de propiciar que los usuarios se beneficien de vehículos renovados.

Desde el punto de vista de la gestión, el contrato único simplificará los trámites burocráticos y mejorará el seguimiento y evaluación de la actividad de la empresa. Asimismo, en los criterios de adjudicación se tendrán en cuenta el número de ambulancias necesarias, para reducir la duración de los desplazamientos; la identificación de las rutas; los tiempos de respuesta en el transporte programado, y la dotación de un sistema de información y comunicación permanente con los centros sanitarios y con EPES-061. De igual modo, se introducen cláusulas medioambientales y sociales relativas a personas trabajadoras con discapacidad y a la igualdad entre hombres y mujeres.

Durante los últimos años, y de forma generalizada desde 2011, el SAS desarrolla un sistema provincial de contrataciones unificadas que mejora la eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios y los precios y condiciones generales, homogeneiza los servicios prestados, garantiza los niveles de calidad, reduce los procedimientos administrativos y agiliza la resolución de incidencias al tener que reclamar a un único adjudicatario. En el caso del transporte sanitario terrestre programado y urgente, el modelo ya se aplica en las provincias de Almería, Málaga y Sevilla.

Peritos y traductores de órganos judiciales

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que establece medidas para agilizar la puesta a disposición de los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, de peritos, traductores e intérpretes con cargo a la Administración de la Junta. Además, la norma regula el procedimiento de pago a los profesionales en el momento de la conclusión de sus trabajos, sin tener que esperar al pronunciamiento de la sentencia. Se reconoce así reglamentariamente una práctica que ya se viene realizando en Andalucía, a diferencia de lo establecido en la normativa estatal y en otras comunidades autónomas.

El decreto determina los supuestos en los que la Administración autonómica debe sufragar los gastos de las pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en los procedimientos judiciales. La Junta asume el coste de las primeras cuando se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante y cuando son acordadas de oficio por los tribunales o a instancia del Ministerio Fiscal. La norma excluye de su aplicación los servicios que realicen profesionales designados judicialmente a instancia de parte y a su costa.

En cuanto a las traducciones e interpretaciones, se incluyen las acordadas por los órganos judiciales o el Ministerio Fiscal y también la asistencia lingüística solicitada por investigados, encausados, testigos y víctimas de delitos que no hablen o entiendan el castellano.

El nuevo reglamento prima la prestación del servicio por medio de recursos propios de la Administración autonómica y sus entidades instrumentales, recurriendo a profesionales privados de modo excepcional y garantizando la objetividad en su designación y el abono de las facturas.

En relación con los pagos y, en su caso, los reintegros de los gastos en los que incurre la Administración, el decreto introduce medidas para mejorar la gestión y el control del gasto público. Los reintegros se deciden en función de la posible mejora de las condiciones económicas de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita y de la declaración que, en materia de costas, contenga la resolución judicial.

Almacén Regional de Material Didáctico

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha acordado aceptar la cesión gratuita de la propiedad, por el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), de la parcela de 32.770 metros cuadrados donde se ubica el Almacén Regional de Material Didáctico de la Consejería de Educación.

La decisión supone regularizar la situación patrimonial de este inmueble situado en el Polígono Ave María, que la Junta utiliza desde su construcción en 1985 como plataforma de almacenamiento y distribución de material para la enseñanza pública no universitaria en la comunidad autónoma. Desde sus instalaciones, el pasado curso se distribuyó equipamiento para 2.144 centros docentes, con más de 4,1 millones de kilos.

Vías pecuarias

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión al Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), por un periodo de 50 años, de dos tramos de la vía pecuaria Cañada Real del Pajarero y uno de la Cañada Real de Morón, con destino a camino público local. La decisión permitirá facilitar la conexión entre esta población, Los Molares y el núcleo de Vistalegre, evitando así los problemas que actualmente ocasiona la utilización de unos viales cuyas características físicas no garantizan la seguridad del tráfico rodado.

Los tramos cedidos tienen unas longitudes de 1,07 kilómetros en la Cañada Real del Pajarero y de 1,44 kilómetros en la Real de Morón. El Ayuntamiento deberá asumir los gastos necesarios para la adecuación como caminos, así como su mantenimiento y conservación.

Con el acuerdo aprobado, la Junta aplica por sexta vez la posibilidad, prevista por la Ley de Autonomía Local, de ceder una vía ganadera a un municipio para atender un interés colectivo sin perder su naturaleza de dominio público. Las otras cuatro cesiones se realizaron a favor de los ayuntamientos de Cuevas Bajas (Málaga) y Cañada Rosal, Dos Hermanas, Espartinas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).