La Junta de Andalucía sigue dando pasos en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada sin votos en contra el pasado año, al entrar en su fase decisiva el Decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica y Democrática. Este decreto, que acaba de concluir su periodo de alegaciones y audiencia pública, servirá de base legal para abordar, entre otros, los procesos de retirada de símbolos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática.

Destaca, entre otras medidas, la creación de un Comité Técnico para la determinación de los elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente, que viene establecida en el apartado 6º del artículo 32 de la norma autonómica andaluza. El desarrollo de sus funciones así como del procedimiento de retirada y las garantías necesarias, es el objeto del decreto actualmente en elaboración.

Una vez constituido, este órgano de expertos se encargará de estudiar, junto a otros elementos o vestigios que no hayan sido retirados voluntariamente por parte de sus titulares, la correspondiente documentación relativa a los restos de Queipo de Llano, depositados en una tumba en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Dicho comité deberá emitir, en el plazo de un mes, un informe preceptivo, que será vinculante, determinando en su caso su retirada o eliminación si correspondiera.

La presencia de los restos de Queipo de Llano ha generado un debate social que trasciende ya del ámbito local. En ese contexto, resulta clara la pertinencia de que una institución con cuatro siglos de historia y arraigo en la ciudad, como es la Hermandad de la Macarena, titular de la Basílica, decida sobre la compatibilidad de la permanencia en un espacio de culto, de respeto y oración, de un dirigente del golpe militar y de la dictadura franquista, que firmó el Bando de Guerra por medio del cual se asesinaron a miles de andaluces y andaluzas sin juicio ni condena, lo que atenta contra la dignidad de las víctimas y la reparación que reclaman, tanto las propias víctimas como el movimiento memorialista.

Por tanto, el Gobierno andaluz considera que la memoria debe ser un espacio de encuentro, de respeto a todas las víctimas y de reparación para todos los que sufrieron una violencia injustificada, fueran quienes fueran y profesaran la ideología que profesaran. Por ello, honrar la memoria de las víctimas es dignificar nuestra democracia y, por ese camino, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico y competencias, va a seguir trabajando.