El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha insistido en el Parlamento en que la regeneración, la transparencia y la racionalización se convierten en pilares esenciales del Gobierno, y ha dicho que asume "en primera persona el reto de limpiar la instituciones y de poner a la Junta de Andalucía al servicio de los andaluces". El consejero ha recalcado que el nuevo Ejecutivo "no va a tolerar la sospecha de la corrupción. Todos aquellos que hayan sido o sean imputados por delitos de corrupción tendrán que apartarse de sus responsabilidades y no podrán ser incorporadas en candidaturas electorales ni desempeñar cargos públicos".

Con el objetivo de eliminar lo necesario y garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas se impulsará el decreto ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de los entes instrumentales de la Administración. En esa misma línea se revisará la Ley de Transparencia Pública.

En el afán por devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones, ya se están cumpliendo algunas de las medidas del acuerdo para los cien primeros días de Gobierno. Así, el consejero ha apuntado el mandato a la Intervención General para auditar 12 entidades del sector público y a la Cámara de Cuentas para que elabore un informe sobre la eficacia y eficiencia de la RTVA. Se han iniciado las actuaciones para aprobar una Oficina contra el Fraude y la corrupción y se ha solicitado al Parlamento la creación de una Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE). En el último Consejo de Gobierno, esta misma semana, se ha acordado la eliminación del Consorcio Guadalquivir y el impulso a la disolución de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico.

El consejero de Regeneración ha explicado otras medidas que contempla el acuerdo de Gobierno como la aprobación de un Proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía, que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas. En cuanto a la estructura de la Consejería, Marín ha recordado que se ha llevado a cabo una reducción de altos cargos (de 65 a 57), lo que supone un recorte de un 13%.