El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha informado este miércoles que la Junta de Andalucía ha destinado hasta la fecha al menos 548 millones de euros entre los ejercicios 2016 y 2018 para el cumplimiento de sentencias judiciales, según ha determinado la Intervención General de la Junta de Andalucía.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía, Bravo ha precisado que esta cuantía se refiere a una parte de las sentencias pagadas por consejerías, agencias administrativas y agencias de Régimen Especial, por lo que no incluye las abonadas desde el resto de entidades instrumentales ni tampoco aquellas que se imputan al Capítulo 1 de gastos de personal, dado que no es habitual que en esos casos se tramite el expediente como pago de sentencias.

"La Junta de Andalucía carece de un registro centralizado y unificado que permita determinar el total del importe pagado hasta la fecha para el cumplimiento de sentencias judiciales por la Administración General y sus entidades instrumentales", ha explicado el consejero, de ahí que para conocer este montante haya encargado a la Intervención General de la Junta de Andalucía una primera estimación de todos los expedientes contables de gasto tramitados bajo el procedimiento de "sentencias".

Sin embargo, este tipo de procedimientos sólo recoge aquellos documentos generados para pagar expresamente indemnizaciones, "pudiendo existir pagos para el cumplimiento de sentencias que no se han tramitado bajo ese procedimiento, sino que se generan en expedientes que inicialmente tuvieron otro tipo de tramitación", por lo que quedan fuera de esta primera estimación, ha señalado el consejero.

Juan Bravo ha indicado, asimismo, que la Consejería está trabajando para determinar el importe de las sentencias a pagar a partir de 2019 y para introducir un nuevo indicador en el proceso de tramitación de expedientes con independencia de su tipología que "permita identificar automáticamente todos los pagos derivados del cumplimiento de sentencias", una cuestión fundamental para la planificación presupuestaria".

En esta línea, se realizará un análisis de riesgo sobre los asuntos judicializados sobre los que puede recaer la obligación del abono de nuevas indemnizaciones. "Con ello, esta Consejería avanza en el proceso de transparencia y control sobre el uso de fondos públicos, solventando las carencias de información de la anterior Administración, a la vez que se mejora la información para el proceso de rendición de cuentas", ha concluido el consejero.