El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de los estatutos de los nueve consorcios de Transporte Metropolitano que operan en Andalucía para su adaptación a las leyes estatales 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Esta normativa obliga a adscribir estos consorcios a una de las administraciones públicas implicadas que, en este caso, es la Junta de Andalucía. Las consecuencias de esa adscripción suponen un cambio en la naturaleza de los propios consorcios en régimen presupuestario, contable, jurídico y funcional.

Los principales cambios se centran en adaptar la financiación y las aportaciones de las entidades consorciadas, en función de sus competencias, para cumplir lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Además de ese reparto en lo económico, también se ha introducido una modificación en la ponderación de votos del consejo de administración. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2020, variarán los porcentajes, de manera que la Junta de Andalucía contará con el 51% de la representación, los ayuntamientos el 45% y la Diputación el 4%.

Esta modificación de los estatutos también incluye otras variaciones como la sustitución del comité consultivo por las comisiones técnicas y de participación social o la eliminación de la Intervención General del Consorcio y de la obligatoriedad de asistencia de la vicepresidencia para que se celebre el Consejo de Administración para evitar bloqueos por ausencia.

Los consorcios de transporte metropolitano tienen por objeto coordinar a las administraciones que lo integran, con el fin de ejercer de forma conjunta las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte.

Este instrumento de los consorcios se ha incorporado a las nueve áreas metropolitanas de Andalucía (Almería, Bahía de Cádiz, Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Campo de Gibraltar). Actualmente, prestan servicio a 208 municipios andaluces –172 consorciados más 36 adheridos por convenio–. La población beneficiada asciende a 5,6 millones de habitantes.