El 100% de las licitaciones de la Junta de Andalucía obligaron a cumplir el convenio colectivo vigente en cada sector, impidiendo el descuelgue de las empresas que hasta ahora permitía la reforma laboral aprobada por el Gobierno central. Esta es una de las medidas incorporadas en las cláusulas sociales de obligado cumplimiento en la administración pública andaluza que, según ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, expresa el compromiso y la responsabilidad social de la comunidad autónoma en el ámbito de la contratación pública.

En el Pleno del Parlamento, Montero ha destacado que la totalidad de las licitaciones de la Junta incluyen claúsulas sociales, de modo que para la adjudicación de los contratos se valora a las empresas comprometidas con la calidad en el empleo, la igualdad de oportunidades y el medio ambiente. Así, el 100% de las licitaciones de 2017 obligó a las empresas que contrataron con la Junta a respetar el convenio colectivo, subrogar a los trabajadores y garantizar el pago de los salarios. Asimismo, los contratistas tuvieron que presentar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y elaborar un plan de igualdad entre mujeres y hombres. Para contratar con la Junta, también se valoró la inserción laboral de colectivos vulnerables, la inclusión de medidas de conciliación o que las ofertas las presentaran entidades sin ánimo de lucro.

Durante su intervención, la consejera se ha referido al informe elaborado desde su departamento en el que se analiza el conjunto de la contratación pública de la Junta durante 2017. Según ha explicado, a lo largo de todo el año se realizaron un total de 4.519 adjudicaciones, por un importe superior a los 1.800 millones de euros. En todas las licitaciones se incorporaron cláusulas sociales y medioambientales de obligado cumplimiento.

Montero ha subrayado que además de conseguir las mejores condiciones de calidad y precio en la gestión del gasto público, la contratación de la administración debe impulsar fines "esenciales" que garanticen el cumplimiento de las condidiones laborales de los trabajadores, la igualdad entre mujeres y hombres, la integración de colectivos vulnerables, la protección de menores o la transparencia fiscal de las empresas. Asimismo, también se incorporan requisitos medioambientales de reciclado, gestión de residuos o eficiencia energética.

"La contratación pública tiene una capacidad estratégica para transformar la economía y la sociedad en su conjunto y es un instrumento muy importante de dinamización económica, ya que mueve en Andalucía más de 2.500 millones de euros anuales", ha destacado la consejera.

En octubre de 2016, la Junta acordó con sindicatos y empresarios la inclusión de cláusulas que deben cumplir las empresas para contratar con la administración pública. Para ello, la Consejería de Hacienda elaboró una guía que detalla las cláusulas sociales de obligado cumplimiento que deben aparecer en los pliegos que rigen en todas las licitaciones de la Junta. Además, recoge recomendaciones que pueden establecerse en función del objeto del contrato que se vaya a adjudicar.

Montero también ha defendido la importancia de difundir todas estas prácticas, de ahí que tanto la guía de cláusulas sociales como el informe sobre su aplicación están disponibles en el Portal de Contratación de la Junta, una nueva plataforma que recoge toda la información sobre contratación de la administración andaluza como normativa, licitadores, anuncios y expedientes completos de los contratos, entre otros.