La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado este jueves en el Parlamento andaluz que su departamento se ha marcado como "prioridad" evaluar "con rigor" el impacto de las políticas activas de empleo que se han desarrollado en los últimos años, así como las que se pondrán en marcha.

Durante su comparecencia en la comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco ha recordado que la evaluación el impacto de las políticas públicas y la exposición pública de sus resultados son "elementos clave en la agenda de la Comisión Europea".

En esta línea, la consejera ha explicado que evaluar con rigor "significa identificar qué está funcionando y qué no en una determinada política activa que se financia con el dinero de todos los ciudadanos", y que hasta el momento este examen se ha ceñido al puro seguimiento de la ejecución presupuestaria "sin ahondar en el análisis de la empleabilidad desde la perspectiva del impacto real en el mercado de trabajo".

Para llevar a cabo esta tarea, Rocío Blanco ha informado que un equipo de trabajo interno del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Unidad de Evaluación, ha empezado a desarrollar esta labor de forma permanente sobre los programas en marcha, comenzando por los actuales planes de empleo que ejecutan los ayuntamientos para el desarrollo de las Iniciativas de Cooperación Social y Comunitaria, que supusieron la contratación de unos 28.000 desempleados.

Nuevos enfoques

La evaluación de estos planes cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros en su convocatoria de 2016, prácticamente la mitad del total destinado a las políticas activas, y Rocío Blanco ha detallado que a partir de ahora se abordarán varios aspectos, entre los que se encuentra la cobertura. Esto es: cuántas personas se han beneficiado de la medida y si existen sesgos que afecten a determinados colectivos.

En segundo lugar, se prevé realizar un análisis de "implementación" para conocer qué aspectos pueden mejorarse, así como un examen de eficacia para saber el número de contratos y acreditaciones de cualificación profesional ligadas a los contratos realizados por los ayuntamientos en los proyectos.

Por último, se pretende realizar una medición del impacto real en la mejora de la empleabilidad de los beneficiarios. En este sentido, no solo se analizará la inserción laboral posterior de los desempleados contratados, sino también si existe una relación causal entre su paso por el programa y el empleo al que han accedido en el mercado laboral.

Rocío Blanco ha añadido que, tras este primer análisis, la Unidad de Evaluación continuará con el examen de otros programas, como el de Experiencias Profesionales para el Empleo, los Itinerarios Personalizados de Inserción o los servicios de orientación laboral.