El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado con 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones el Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En él se recogen medidas de simplificación y coordinación que tienen como objetivo facilitar la ejecución y el seguimiento y control de los proyectos que se financien con los recursos del fondo Next Generation y que también afectará al marco financiero plurianual 2014-2020, que tiene vigencia hasta 2023.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha destacado que el volumen de recursos económicos que debe llegar a Andalucía procedente de Europa para reactivar la economía hace necesario establecer actuaciones que permitan una ejecución eficaz de esos fondos y faciliten la puesta en marcha de los distintos proyectos, con el fin último de absorber la financiación asignada.

"Para lograr los objetivos de estas medidas de estímulo se han de ejecutar inversiones, transformaciones y reformas estructurales cuya envergadura, unida al reducido marco temporal para su desarrollo, requieren de un impulso de la Administración Pública para su gestión", ha señalado Bravo.

El consejero ha apuntado las tres líneas estratégicas que se persiguen con este decreto ley: simplificar la normativa para lograr la tramitación urgente y prioritaria de estas actuaciones, agilizar en la medida de lo posible los procedimientos de programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de las iniciativas; y optimizar y racionalizar al máximo los recursos de la Administración para aumentar su eficacia.

Así, el decreto ley establece una estructura de coordinación encargada de supervisar el proceso de gestión y ejecución que se concreta en la nueva Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que será la encargada de esta función de impulso, seguimiento y control de los contratos que se financien con estos fondos, y que estará apoyada por la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos, como unidad administrativa técnica especializada.

Se simplifica la tramitación de las subvenciones relacionadas con el uso de los fondos europeos y se prioriza el régimen de justificación de las mismas a través de módulos estrechamente ligados a los objetivos de las actuaciones subvencionadas. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar las personas o entidades beneficiarias.

Además, pretende fomentar la tramitación electrónica a través de sistemas de adhesión a convenios de colaboración social con colegios profesionales, organizaciones sociales, económicas, laborales o empresariales y con empresas en todo el territorio andaluz para la solicitud y presentación de subvenciones, lo que permitirá una mayor proximidad a la ciudadanía, favoreciendo la captación y canalización de proyectos estratégicos, impulsando la telematización y evitando desplazamientos innecesarios.

El decreto ley recoge, en materia de convenios, medidas de simplificación y agilización en la tramitación de los mismos, así como la prolongación de su duración vinculada a la de los proyectos que los justifican. Además, prevé la posibilidad de pagos anticipados por operaciones preparatorias, hasta el límite máximo del 50% del total a percibir.

En materia de gestión de personal, prevé las acciones necesarias para reorganizar los efectivos en función de las necesidades de personal relacionadas con la ejecución de proyectos. Además, se reconoce la posibilidad de retribución extraordinaria por consecución de objetivos mediante productividad u otras retribuciones variables.

"La recuperación económica y, por tanto, el futuro inmediato de la comunidad depende en buena medida de nuestra capacidad para ejecutar todos esos recursos que están por llegar. Todo el foco debe estar puesto en esta cuestión", ha concluido el consejero.