El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) cerrará 2022 habiendo resuelto en plazo todos los recursos presentados, que serán más de 600 cuando concluya el año.

En los dos últimos años, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, un órgano creado para dotar de garantías todas las contrataciones que realiza la administración, habrá pasado de acumular un retraso de casi un año en la resolución de los expedientes a resolverlos dentro del plazo de dos meses estipulado en la Ley de Contratos Públicos, y la mayoría de ellos en no más de 45 días, según explica Joaquín María Barrón, presidente del tribunal.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) es, tras el Tribunal Central, que depende del Estado, el que más recursos resuelve, y ha conseguido reducir los tiempos por debajo de los plazos máximos establecidos legalmente.

El objeto de los recursos que atiende el TARCJA lo constituyen todo tipo de contratos públicos de obras, suministros o servicios, así como encargos, concesiones de obras y servicios, en cualquiera de sus fases: preparación o publicación de pliegos, adjudicación, modificación, rescate...

Una exigencia de la Unión Europea

La constitución de este órgano en Andalucía tiene su origen, a nivel normativo, en la Directiva 2007/66/CE. El objetivo de la misma era avanzar en la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. La Directiva permite que los órganos responsables de los procedimientos de recursos puedan ser o no de carácter jurisdiccional, siempre que se trate de instancias, en todo caso, independientes.

El Tribunal es una pieza fundamental de la contratación pública en Andalucía, tanto en el ámbito de la Administración autonómica como local, junto con sus respectivos sectores instrumentales. Ello ha supuesto un incremento exponencial de la carga de trabajo, de tal modo que en 2021 se superó la cifra de las 800 resoluciones emitidas.

Antes de que se pusieran en marcha el Tribunal Central de Recursos Contractuales y los correspondientes tribunales autonómicos, si se presentaba algún recurso, la parte recurrente sólo disponía de la opción del recurso de alzada ante la misma administración que había realizado la adjudicación. Y, en caso de no quedar conforme, tenía que acudir a la vía contencioso-administrativa.

Era un sistema sin garantías, señala Barrón, principalmente por la demora en la resolución, que atentaba contra cualquier garantía del recurrente. Cuando se resolvía el recurso, las circunstancias que lo habían motivado ya no existían.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía resolvió en 2020 unos 450 expedientes y 603 en 2021. En 2022 se va a superar esa cifra, explica Joaquín María Barrón, que destaca el esfuerzo realizado para llegar a resolver todos los recursos dentro del plazo previsto en la normativa que regula su funcionamiento, antes de dos meses contados desde el día siguiente a la interposición del recurso.

Celeridad en la resolución

La rapidez en la respuesta es una de las garantías que ofrece el Tribunal, que el mismo día que recibe el recurso recaba el expediente de la contratación recurrida a la institución contra la que se recurre. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del recurso, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta da traslado de aquél a todas las partes interesadas, que disponen de otros cinco días hábiles para plantear sus alegaciones. Pasado este plazo y el de la prueba (10 días hábiles), el órgano competente dispone de otros cinco días hábiles para resolver el recurso y notificarlo a continuación a todos los interesados.

Incluso tratándose de expedientes que hay que recabar a otras administraciones diferente de la autonómica. "Una vez que se interpone el recurso, se solicita el expediente administrativo y se turna para reparto. Tras la recepción de la documentación, ésta se traslada para alegaciones a los diferentes licitadores, los cuales que disponen de cinco días para presentar alegaciones. A veces hay que notificar a 50 empresas o entidades en un recurso, que pueden estar afectadas. La finalidad del Tribunal es ser una herramienta que dé solución a estas controversias y ser una pieza más que contribuya a dinamizar la contratación pública. Ello no sería posible sin la gran implicación de los 15 funcionarios que conformamos el Tribunal", explica Barrón.

En 2022 todos los recursos se habrán resuelto en plazo, insiste el presidente del TARCJA. En estos momentos, no queda ningún recurso presentado antes de octubre que no se haya resuelto. "Estamos finalizando los últimos de octubre y trabajando con los de noviembre".

La rapidez en la tramitación no es la única garantía que ofrece el tribunal. También lo son la independencia, la imparcialidad y la objetividad con que el TARCJA desarrolla su labor. De entrada, no es un órgano vinculado a la legislatura ni al Gobierno de turno, sino que el nombramiento de sus miembros es por 5 años. De esta forma, aunque cambie el Gobierno al término de la legislatura, el Tribunal seguirá ejerciendo su labor.

La legislación contempla la potestad de los ayuntamientos para crear su propio tribunal. El problema, en el caso de los municipios que deciden dar este paso, es "que, en algunos casos, puede volverse, de hecho, al sistema antiguo de recurso potestativo de alzada. En la mayoría de los casos se trata de un órgano unipersonal, que ha de decidir sobre actos de la misma Administración que ha acordado la adjudicación", lo que en opinión del presidente del TARCJA resta eficacia al procedimiento.

Independencia y autonomía

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) es, después del estatal, el que más recursos atiende en España. Resuelve recursos contra la propia Junta de Andalucía y todo su sector instrumental (Canal Sur, Veiasa, agencias y empresas públicas, etc.), pero también de las diez universidades públicas que existen en Andalucía, de la mayor parte de los ayuntamientos, con independencia del signo político del partido que los gobierne, así como de las diputaciones provinciales y todas sus empresas públicas y consorcios.

La creación de este recurso administrativo especial ha supuesto un notable avance en la consecución de un control efectivo de legalidad en esta materia. En pocos ámbitos de actuación administrativa se ha avanzado tanto, tan razonablemente bien y en tan poco tiempo como en el sector de la contratación pública.

Su independencia deriva de la especial cualificación de sus miembros. La Presidencia del Tribunal tiene rango de Dirección General, y su nombramiento y el de los vocales, todos ellos funcionarios de carrera con una trayectoria de al menos diez años y licenciados en Derecho, corresponde al Consejo de Gobierno.

Este órgano ejerce sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a vínculo jerárquico o de subordinación alguno respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de origen alguno, lo que le confiere condición de árbitro con respecto a la autoridad que adoptó la decisión recurrida en el litigio principal. Precisamente por su independencia se les ha reconocido la condición de órganos jurisdiccionales a la hora de poder plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.