La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado que la nueva Ley de Empleo que entró en vigor el pasado mes de marzo "no ayuda" a que los trabajadores puedan compatibilizar el cobro de un subsidio por desempleo con el desempeño de un nuevo trabajo por cuenta ajena, como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Durante su intervención en Málaga en un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa.Tribuna Andalucía', Blanco ha recordado que es el trabajador "quien tiene que decidir si la oferta es adecuada o no" a sus necesidades antes de su reincorporación al mercado laboral. Eso, a su juicio, es "un concepto indeterminado", de ahí que la OCDE esté instando también a España a aumentar "los mecanismos coercitivos en el caso de que se rechace una oferta laboral", como ocurre por ejemplo en Alemania, donde se realiza un seguimiento exhaustivo de las causas que llevan a no aceptar un empleo.

Blanco ha recordado que en España quedan cada año sin cubrir una media de 200.000 empleos por falta de candidatos o de perfiles adecuados a las ofertas, de ellos 19.500 en Andalucía, algo que genera una clara "dicotomía entre el número de vacantes y el de desempleados". Favorecer la compatibilidad entre un trabajo y el cobro de un subsidio, ha añadido, combatiría la tendencia opuesta, es decir, "el efecto desincentivador" que el ingreso de una prestación puede tener a la hora de iniciar la búsqueda de otro empleo.

La consejera ha rechazado del mismo modo algunas de las últimas decisiones del Gobierno de España en materia laboral. En primer lugar, sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral y el aumento del coste del despido, ambas incluidas en el pacto de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar, recuerda que "un Gobierno que dice haber hecho del acuerdo su santo y seña" ha impulsado esa medida "al margen del diálogo social", y ha augurado que, de entrar en vigor, provocará "un incremento de la inflación". En ese sentido, ha recordado que lo que necesita en realidad España son reformas "que mejoren la productividad" en el ámbito del trabajo y ha alertado de que un recorte en la jornada laboral puede provocar "un incremento encubierto de entre el 6,5% y el 7% de los salarios".

Otras de las discrepancias con el Gobierno de España tienen que ver con la posible ruptura de caja de la Seguridad Social asociada a los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, algo que Blanco considera "de enrome gravedad". Eso "socavaría las bases del Estado de Derecho", provocando que "pagando más impuestos, el resto de españoles tengamos menos servicios" que los ciudadanos vascos o catalanes, un agravio que se uniría a la posibilidad de que el Gobierno vasco pueda "interrumpir la aplicación de normas estatales" en su territorio cuando considere que no le son favorables.

Respecto a la anunciada condonación de la deuda contraída por Cataluña, la consejera ha considerado que se trata de un "despropósito legal y económico" y una "ruptura del principio de equidad interterritorial y personal" que dará a pie a que haya "comunidades pobres y ricas, de primera y de segunda clase", además de generar "inseguridad en los mercados al difundir la idea de que si no cumples será el Estado el que se hará cargo de ello".

Un "ecosistema favorable"

Frente a esas políticas que ha considerado erráticas, Blanco ha contrapuesto las que impulsa el Gobierno de Andalucía, que están generando "un ecosistema favorable para la inversión", abriendo paso a una Comunidad en la que se favorece "el emprendimiento" frente a la del pasado, "que estaba ideologizada y muy subvencionada". Prueba de ello, ha destacado, es el nuevo récord de 572.213 trabajadores autónomos en la región registrado el pasado mes de octubre, un colectivo al que la Consejería va a continuar respaldando con actuaciones como la nueva cuota cero o las ayudas para el inicio de actividad.

Respecto al futuro inmediato, Blanco ha recordado que su departamento contará con un 13,9% más de recursos en el Presupuesto de 2024, hasta alcanzar los 1.252 millones de euros. Ese montante global contribuirá a reforzar las tres grandes líneas de actuación de la Consejería: la formación profesional para el empleo, "la política activa más eficaz que existe porque fomenta el talento", según ha insistido la consejera; la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, "mejorando los servicios de intermediación y de orientación laboral" y, por último, un incremento de los incentivos para el fomento del empleo.

Entre estos últimos, ha destacado el nuevo programa de incentivos a la contratación indefinida de jóvenes y colectivos vulnerables en riesgo de exclusión, que contará con 145,3 millones de euros, o el plan de empleo para jóvenes y personas vulnerables de más de 45 años, con un presupuesto de 110 millones de euros en colaboración con las entidades locales de Andalucía.