Suena el despertador y el día comienza para las ocho jóvenes que comparten vivienda en Los Corrales (Huelva) con la rutina del aseo personal, el desayuno y arreglar sus habitaciones antes de salir camino al instituto para asistir a las clases hasta el mediodía, cuando regresarán para almorzar, descansar un rato y echar la tarde entre tareas escolares y actividades deportivas. Puede parecer lo normal pero no lo era hasta hace poco para estas chicas. En sus casa todo eran gritos, peleas, golpes al mobiliario e incluso hacia sus padres, absentismo, horas de encierro en su cuarto sin ninguna interacción familiar o deambulando por calles y parques cuando no consumiendo drogas. Situaciones insostenibles que llevaron a sus progenitores a adoptar la difícil decisión de denunciar a sus propias hijas tras sufrir episodios de violencia filio-parental. Un juez de menores ha decidido que deben aprender a convivir en un grupo educativo en el que comparten casa con otras jóvenes en su misma situación y un equipo de educadoras, psicólogas y trabajadoras sociales.

Acatar las normas del mismo, seguir las rutinas diarias, recuperar la disciplina del estudio, desarrollar habilidades sociales para tolerar la frustración ante un 'no' sin acudir a la violencia y seguir tratamientos de salud mental cuando existe un trastorno de conducta o desintoxicación en el caso de la adicción a algún tipo de sustancias son los objetivos que persiguen esta medida de medio abierto. El año pasado, los jueces impusieron 234 medidas de este tipo a menores infractores en Andalucía, la mayoría entre 15 y 17 años condenados por violencia filo parental a entre 6 y 18 meses en estos centros.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública gestiona 17 grupos educativos de convivencia en Andalucía, 9 masculinos y 8 femeninos como el de Los Corrales, los profesionales realizan el trabajo con las chicas y también con sus padres porque "la implicación de las familias es fundamental", según destaca la directora de este grupo, Sonia Galván.

Muchos de los menores infractores que los jueces derivan a estos recursos son hijos de parejas separadas con una relación conflictiva y la conducta disruptiva de los jóvenes se inicia tras el divorcio. No tienen control sobre la frustración porque "se les ha consentido todo y al ponerles límites es cuando llega el problema. La rabieta infantil, en un adolescente, se convierte en agresividad", explica Galván.

En estos casos, hay que enseñar a los padres a poner normas y límites "porque no saben o temen la reacción de los hijos". Pero también se da el caso contrario, "padres muy autoritarios que no aceptan el cambio de sus hijos de la infancia a la adolescencia, que es una etapa de rebeldía y eso es sano y normal para su desarrollo pero hay padres que no lo aceptan, lo coartan y provocan una reacción agresiva". Con este tipo de progenitores se trabaja para que entiendan que, mientras los niños cumplen las normas sin cuestionarlas, la adolescencia es un momento de rebeldía en el que es normal que "se cierren más, que busquen apoyo en sus iguales y no en los padres porque están formando su privacidad, luego vuelven a tener una relación normal con la familia".

Escuelas de Padres y Madres para enseñar a poner límites

Para ello, este año se han incorporado a Escuelas de Padres y Madres en los que los profesionales trabajan con los progenitores cómo poner límites y normas y cómo hacerlos cumplir estableciendo consecuencias en caso de saltárselos que sean proporcionales para que realmente se cumplan. "A veces los padres ponen correcciones que ellos mismos incumplen porque son inviables y es preferible que las consecuencias sean acordes a lo que haya hecho el menor pero que se cumplan", destaca Galván.

Participantes en una Escuela de Padres y Madres.

Con los menores, una vez que el juez determina enviarlos a un grupo educativo de convivencia, el trabajo empieza a su llegada a la vivienda compartida con un periodo de observación. "Vienen con trastornos de conducta, no tienen normas adquiridas y ese periodo nos sirve para ver qué necesidades presentan y elaborar un programa de intervención personalizado", detalla la directora de Los Corrales.

Los menores de 16 años son matriculados en un instituto del municipio donde se encuentra el grupo educativo distinto al centro en el que estudiaban porque son menores "desmotivados académicamente, repetidores, con expulsiones frecuentes". "Ya tienen colgado un sambenito y cambiándoles con compañeros y profesores nuevos que no saben nada de sus expedientes les damos la oportunidad de que ellos mismos se vean de otra manera y suelen mejorar mucho los resultados". En el caso de los mayores de 16 años, son matriculados en centros de adultos o programas de inserción laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidades colaboradoras como Cruz Roja o los centros de día del propio sistema de Justicia Juvenil.

También se les asigna nuevo centro de salud, así como terapeuta de salud mental o desintoxicación en caso de seguir algún tipo de tratamiento, y comienzan a conocer el municipio en el que se encuentra la vivienda, la comunidad con la que van a convivir, ya que, aunque el objetivo de esta medida no es separarlos de sus familias, "pasan de vivir con sus padres a vivir con nosotros para cambiar las dinámicas conflictivas".

El equipo que convive con los menores está formado por seis educadores que comparten con ellos el día a día, marcando los cuadrantes de tareas y trabajando con ellos habilidades sociales y su desarrollo emocional; un profesional de la Psicología, otro de Trabajo Social y el director o directora, que se encargan de las sesiones específicas solo con los jóvenes, con los padres o conjuntas, incluso en algunos casos con hermanos o abuelos.

Jóvenes realizan juntas las tareas culinarias.

Talleres de habilidades sociales y valores, deporte y ocio saludables

Además de las rutinas de convivencia y los estudios, se realizan talleres para trabajar el respeto a las normas, habilidades sociales, las relaciones sanas de pareja para prevenir la violencia de género, el respeto a la diversidad contra el bullying, el control de la frustración y el consumo de tóxicos. Se promueven hábitos saludables mediante actividades deportivas y alternativas de ocio, ya que "son menores que no están acostumbrados a salir al cine o a ver una exposición". Estas salidas son acompañadas de los educadores y de manera progresiva según la valoración del equipo y previa comunicación al juez de Menores.

También es el equipo, informando siempre al juzgado, el que va determinando las visitas con los padres. Empiezan siendo de horas, luego de un día, si va bien pernoctan una noche en casa hasta pasar con ellos los fines de semana. "Es importante que los padres y también ellos vayan contando los problemas que surgen en las visitas porque estas sirven de ensayo, para ir corrigiendo cosas", señala Galván.

"Lo importante es ofrecerles un contexto estable, sano y coherente para que se desarrollen como cualquier adolescente. No los juzgamos, intentamos ayudarles y facilitar su desarrollo emocional y lo que al principio ven como un castigo acaban percibiendo que es un recurso beneficioso para ellos", añade.