El viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Fernando López Gil, ha anunciado que la Junta "va a agotar todos los recursos jurídicos posibles ante distintos tribunales" para que se hagan públicos los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós en la manifestación a favor de la autonomía de Andalucía del 4 de diciembre de 1977. El viceconsejero ha acudido al archivo del Congreso de los Diputados, junto al director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, para conocer el expediente del suceso.

En este sentido, ha indicado que la Junta, en esta primera consulta, quiere conocer "si los documentos están clasificados por motivos de seguridad nacional, que no tendría ningún sentido después de 40 años, o si simplemente la clasificación que tienen es por el reglamento del Congreso y entonces entenderíamos que existe una voluntad política para que se pudieran desclasificar".

López Gil ha celebrado el "hecho simbólico" de que la Junta pueda acceder por primera vez a esta documentación, aunque ha señalado que el Gobierno andaluz "va a continuar con la batalla política" para que toda la ciudadanía pueda conocer esta información. "No existe ninguna justificación para que 40 años después" el conocimiento de lo ocurrido no sea "patrimonio de la ciudadanía", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "es muy injusto que, a día de hoy investigadores o diputados puedan acceder a esa información y la familia y afectados no puedan conocerla".

Asimismo, ha indicado que "conocemos parte de lo ocurrido por fuentes secundarias, ya que se ha publicado en libros y páginas web, pero creemos que hace falta que se conozca la totalidad, que exista un análisis profundo y, sobre todo, que se convierta en parte de nuestra historia de una forma pública para todos los andaluces".

Finalemente, López Gil ha incidido en que esta visita "no va agotar" la investigación de lo sucedido por parte de la Junta y ha avanzado que, "a partir de ahora, la Dirección General de Memoria Democrática tendrá una vía constante de análisis más detallada de la documentación".