La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha avanzado que el Ejecutivo andaluz promoverá la puesta en marcha, dentro de la Ley de Emprendimiento, de un Plan para la Mejora de la Regulación Económica en la comunidad. El desarrollo de este documento, ha señalado en la sesión de control parlamentaria, permitirá hacer "un debate serio y riguroso sobre los nuevos modelos de negocio", fundamentalmente las plataformas digitales que actúan en Andalucía.

Según Díaz, "nos estamos jugando mucho, la dignidad en el empleo y la igualdad de oportunidades" y, por ello, ha señalado, el objetivo no es "prohibir estas prácticas" sino que "cumplan la ley y protegan los derechos de los trabajadores". La presidenta, que se ha comprometido a "llegar al límite de las competencias" autonómicas, ha destacado que "estamos ante una nueva realidad" en la que, en ocasiones, lo que nace como economía colaborativa se convierte, en un momento de crisis, en un modelo de negocio o de especulación.

Sin embargo, ha dejado claro, al ser actividades empresariales "tienen que estar sujetas a la legalidad vigente y no bordearla, declarando pérdidas para no pagar el impuesto de sociedades o servirse de los llamados falsos autónomos". Susana Díaz ha reconocido que en ocasiones "nos estamos encontrando con situaciones que afectan a las condiciones de trabajo de las personas, a un descenso de los salarios, no tener capacidad de negociación colectiva" y a una "exigua protección social". Ante la proliferación de este tipo de actividades, ha advertido, "no se puede mirar para otro lado y hay que actuar con firmeza".

En este sentido, ha añadido, la Junta, en el ámbito de su responsabilidad, está actuando en dos sectores fundamentales como son el turismo y el transporte. En cuanto al primero, ha anunciado, se ha regulado el alojamiento de viviendas con fines turísticos, "lo que ha permitido aflorar economía irregular" y que 35.000 viviendas se hayan inscrito en el Registro de Turismo, "lo que facilita el control del fraude fiscal y de la competencia desleal".

También se ha puesto en marcha una nueva consideración de operadores turísticos "para los que ofertan más de tres viviendas". Con ello se evita, ha aseverado, "la especulación inmobiliaria, porque los obliga a cumplir la normativa turística y laboral".

En el ámbito del transporte, ha recordado que "existen pronunciamientos judiales que han analizado cada caso concreto -Uber, BlaBlaCar o VTC- para conocer si la prestadora del servicio debe estar sujeta o no a determinadas autorizaciones administrativas". No obstante, el Gobierno andaluz, ha dejado claro, "va a llegar al límite para garantizar y recuperar el equilibrio dentro del sector del transporte público" pese a que "la responsabilidad directa de resolver este conflicto está en el Gobierno central".

Inspección y seguridad laboral

La presidenta de la Junta ha subrayado que, "frente a la inacción del Gobierno de España", la Administración autonómica colabora activamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de la normativa laboral vigente. En este sentido, para 2018 se han programado más de 21.000 actuaciones que se orientarán, sobre todo, a la temporalidad de contratos, la sucontratación o la cesión ilegal de trabajadores.

Además, "hemos pedido un aumento del número de inspectores de Trabajo y Seguridad Social"; la constitución obligatoria de Unidades de Seguridad y Salud Laboral, y el refuerzo del diálogo social.