La Junta de Andalucía ha reivindicado el papel de la comunidad como "voz en defensa de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos de este país, vivan donde vivan", del mismo modo que en 1980 representó un freno que evitó que el Estado autonómico tuviera "comunidades de primera y comunidades de segunda". Así lo refleja la tradicional declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno con motivo de la celebración el 28 de Febrero del Día de Andalucía.

El texto recuerda igualmente las fechas del 28 de febrero de 1980 y del 4 de diciembre de 1997, un "primer peldaño" que condujo a Andalucía a la autonomía y a dotarse de competencias. Frente a ella, continúa, la comunidad defiende hoy "con firmeza una financiación correcta para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos a los que tienen derecho los andaluces y las andaluzas".

TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Afrontamos estos días el trigésimo octavo aniversario del 28 de febrero de 1980, fecha de celebración del referéndum de acceso a la autonomía, hoy convertido en Día de Andalucía.

28 de febrero de 1980 y, antes, 4 de diciembre de 1977, fecha en la que el pueblo andaluz salió a la calle en demanda de una autonomía para Andalucía que nos permitiera abrir un tiempo de libertades y de desarrollo como el que posteriormente hemos vivido.

Ambas fechas reflejan la capacidad de movilización del pueblo andaluz y su grado de concienciación con el futuro de su tierra. Son los cimientos. Y a ellos nos aferramos ahora para sentir seguridad en momentos complejos como los actuales.

Si entonces el primer peldaño que queríamos subir nos llevaba al autogobierno, a dotarnos de competencias, hoy defendemos con firmeza una financiación correcta para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos a los que tienen derecho los andaluces y las andaluzas.

En el horizonte de este 2018, además, nos encontraremos con la conmemoración de las cuatro décadas de la aprobación de la Constitución de 1978 en referéndum por el pueblo español.

Tiempo suficiente para evaluar los aciertos y errores de un texto legal que ha demostrado ser una extraordinaria herramienta para la mejora de las libertades y de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

El actual Estado autonómico es una creación de la Constitución de 1978 que nos ha facilitado un marco de convivencia estable para todos los españoles.

Su reforma debe abordarse con decisión, pero siempre bajo la premisa de preservar las fortalezas del edificio constitucional que tanto nos ha dado a los andaluces y andaluzas y al resto de los ciudadanos del Estado.

Las amenazas hacia la integridad territorial de España como país no pueden ser excusa para una tentación recentralizadora en el que las comunidades autónomas queden relegadas a un segundo plano.

Las cuatro décadas de autogobierno concluyen en una identidad andaluza plenamente acuñada. Una identidad andaluza sin aristas, conciliadora, que se vive sin sobresaltos y sin complejos, en convivencia con el resto de territorios del Estado.

La contribución de Andalucía, ahora como entonces, sigue siendo necesaria.

Hay un papel para Andalucía en el conjunto de España y toca desempeñarlo con la misma firmeza.

Si en 1980 Andalucía fue un freno para que el Estado autonómico tuviera comunidades de primera y comunidades de segunda, en 2018 Andalucía sigue representando una voz en defensa de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos de este país vivan donde vivan.

Además, tenemos ante sí dos retos que requieren nuestras mayores atenciones: la lucha contra el desempleo y el mantenimiento de los servicios públicos de calidad en una etapa en la que estamos saliendo de la crisis pero, a la vez, estamos ya inmersos en una era de transformación tecnológica que, para Andalucía, tiene que convertirse en una oportunidad de crecimiento y de prosperidad.

Para que aprovechemos esta oportunidad, se necesita el concurso de todos y un trato leal por parte del Gobierno de España.

Andalucía ha aprovechado su estabilidad para crear riqueza y empleo, pero su crecimiento sigue viéndose lastrado por una financiación injusta.

La mala aplicación del actual modelo de financiación de las comunidades ha dejado a Andalucía con casi 5.500 millones de euros menos de los que nos correspondía. Y, pese a ello, hemos seguido cumpliendo de forma estricta y puntual con nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria y financiera, hasta el punto de que siete años después vamos a poder salir a los mercados financieros en busca de recursos que mejoren la vida de los ciudadanos.

En este 28 de Febrero este Gobierno quiere recordar que nos jugamos mucho.

No caben más retrasos. Andalucía no puede esperar más. Y por eso este gobierno seguirá alzando la voz, allí donde corresponde, para lograr el trato que se merecen todos los que viven en esta tierra.