El Consejo de Gobierno ha designado la Comisión Técnica que investigará la desaparición de fondos documentales públicos durante el periodo de aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que abarca la Guerra Civil, la Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la aprobación de la Constitución. El nuevo órgano, cuya creación está prevista en esta norma, impulsará asimismo las medidas necesarias para la protección del material que se recupere ante riesgos de deterioro, sustracción, destrucción u ocultación.

La Comisión Técnica estará integrada por las personas titulares de las direcciones generales de Memoria Democrática (presidencia); Innovación Cultural y del Libro (vicepresidencia), dos profesionales adscritos a la primera de ellas, y otros tres del sistema archivístico de Andalucía.

La investigación que desarrollará la comisión será una de las principales líneas de trabajo del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que actualmente elabora la Junta para dar cumplimiento a la ley aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año. Entre sus medidas, centradas en garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación, destacan las relativas a indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; recuperación de documentos y testimonios orales; suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.

El Consejo ha designado a la comisión técnica que investigará la desaparición de fondos documentales públicos durante el periodo de aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la Administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España, si bien a partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía representó en 2017 el último hito de una larga trayectoria que ha colocado a la comunidad en la vanguardia del reconocimiento de estas víctimas en España.

Gabinete Jurídico

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado ampliar en cinco plazas la dotación de personal del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Para ello, ha aprobado un decreto de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este centro directivo adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Los nuevos puestos corresponden a personal letrado y se suman a los 14 que se crearon el pasado mes de noviembre para personal técnico y administrativo de nivel básico. Ambas ampliaciones permitirán reforzar el Gabinete Jurídico ante la actividad derivada de las nuevas herramientas de gestión procesal, como el sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet o el de información Infolex. El refuerzo de personal responde también al aumento del volumen de procedimientos judiciales en los que la Junta es parte.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía tiene una doble función. Por una parte, se encarga de la representación, asesoramiento y defensa en juicio de la Administración autonómica, sus agencias, el Consejo Consultivo de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como de los menores tutelados por la Junta. Junto con esta actividad, lleva a cabo acciones de carácter consultivo que incluyen el asesoramiento en derecho al Consejo de Gobierno, la Administración andaluza y sus organismos autónomos.

Sistema de información de los mercados oleícolas

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado una encomienda de gestión a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para la realización de controles del sistema de información de los mercados oleícolas (aceite de oliva y aceituna de mesa) en Andalucía por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos.

La encomienda, que se concretará en un convenio con el Ministerio, se enmarca en la colaboración que la AICA y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural vienen manteniendo desde 2006 en esta materia y en el acceso mutuo a sus bases de datos en relación con el sector oleícola.

La autorización del Consejo de Gobierno tiene carácter técnico y no supone cesión de la titularidad de la competencia de control, atribuida a la comunidad autónoma, así como tampoco de los elementos sustantivos para su ejercicio.

El sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa está sujeto a un régimen de obligaciones contables y declaraciones de información que deben cumplir los titulares de almazaras, industrias de transformación, envasadoras, refinerías y extractoras de aceite de orujo, entre otras instalaciones. El sistema de información de los mercados oleícolas registra los datos de los operadores, principalmente referidos a producción, existencias y movimientos de entradas y salidas, que son controlados y verificados por la AICA.