La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recibido en el Palacio de San Telmo al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI-Andalucía), que preside José Manuel Porras, y les ha informado sobre la figura del concierto social que va a iniciar la Junta de Andalucía con la convocatoria de 12.520 plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad en situación de dependencia.

El concierto social es una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad, se basa en la libre elección de la persona usuaria y que garantiza la continuidad asistencial de las personas que estén actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica.

Esta figura está prevista en la nueva ley autonómica de servicios sociales en vigor desde 2017 y sustituirá a las actuales fórmulas de convenios de colaboración y contratos convencionales. Los convenios que hay suscritos se mantendrán en vigor por un plazo máximo de dos años, fecha a partir de la cual se irán sustituyendo progresivamente, primero los del sector de las personas con discapacidad y después los de la atención a personas mayores, ambos en situación de dependencia.

Para la adjudicación de plazas el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 365,02 millones de euros, que permitirán un total de 4.912 plazas de atención residencial y 7.608 de centros de día y centros con terapia ocupacional.

En las contrataciones a través del concierto social se tendrán en cuenta de modo especial circunstancias como la vinculación preexistente de las entidades con las personas, la atención continuada, la proximidad a la población destinataria y la asistencia especializada y de calidad. El objetivo es mantener al máximo una prestación en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

Otras cláusulas

Además de estas condiciones, en el concierto social se incluyen también cláusulas relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente.

El concierto se enmarca en las medidas de impulso a la atención a la dependencia, puestas en marcha este año por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por valor de 22,7 millones de euros, que se suman a los 1.214 millones consignados en los presupuestos autonómicos de 2018.

A estas plazas objeto de concierto social hay que sumar las de titularidad pública, como ayuntamientos o patronatos municipales entre otros, que hacen un total de 15.088 plazas concertadas con entidades públicas, privadas y mediante concesiones para la atención a personas con discapacidad en situación de dependencia que conforman el mapa de servicios sociales de Andalucía.

CERMI-Andalucía es una plataforma que representa y defiende a las más de 700.000 personas con discapacidad y sus familias.