El Consejo de Gobierno ha ratificado las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para adaptarse a la orden del Ministerio de Justicia del 8 de mayo de 2020, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el Covid-19.

Para ello, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal dictó el 11 de mayo de 2020 una resolución en la que recoge las directrices para la primera fase del Plan de Desescalada para el personal funcionario de los órganos judiciales andaluces, lo que propicia la apertura de la prestación de los servicios de la Administración de Justicia más allá de aquellos de carácter esencial establecidos durante el estado de alarma.

La orden de la Consejería de Justicia establece que, con carácter general, la incorporación del personal de la Administración de Justicia en esta primera fase sea de un 33% de la plantilla total por órgano judicial, Fiscalía o servicio de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), mientras que el resto de los trabajadores permanecerán en situación de disponibilidad.

Según la resolución, en aquellos casos en los que esté justificado dicho porcentaje se puede elevar hasta la totalidad de la plantilla para atender los servicios de los Registros Civiles. Además, los servicios de guardia de los juzgados, Fiscalía e IMLCF deberán contar con la totalidad de la plantilla para la atención de los citados servicios.

Asimismo, la resolución recoge las medidas acordadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta de Andalucía para los trabajadores que tengan hijos menores de catorce años o personas dependientes a su cargo, así como a los empleados públicos incluidos en algunos de los grupos de riesgo.