La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige Juan Marín, está trabajando en un proyecto de decreto para aprobar el Estatuto del personal laboral que ejerce funciones directivas en las entidades instrumentales, ya que hasta ahora no existía una regulación específica para los directivos de estos entes. Determinará la formación y el perfil que deben tener así como su sometimiento a una evaluación del desempeño de su cargo por objetivos, que condicionará su retribución y, en caso de incumplir dichos objetivos, podrá ser motivo de cese sin derecho a indemnización.

Es uno de los proyectos con los que el Gobierno andaluz busca avanzar en la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión de las actuaciones públicas. Un compromiso del que también forma parte el Código de Buen Gobierno que estará listo a principios de año y será de aplicación a todos los altos cargos de la Administración, incluyendo a los de los entes instrumentales, así como la y Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, que llegará al Parlamento próximamente. Actualmente se encuentra actualmente en el Consejo Económico y Social para que emita su informe tras recibir ya el del Gabinete Jurídico.

Para el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, "la regeneración y la lucha contra la corrupción es una clara apuesta de este Gobierno". Fruto de ello son las auditorías independientes a las que están siendo sometidos 54 entes y cuyos resultados se prevé que estén disponibles en el primer trimestre de 2021 para acometer una reordenación del sector público. Además, para contar con la máxima información posible con vistas a esa reordenación, se ha elaborado un inventario de puestos de trabajo de todas las entidades instrumentales que ha permitido conocer el número real de trabajadores con los que cuentan, sus perfiles, retribuciones, forma de acceso y área de actividad.

Independientemente de estas auditorías, el Gobierno andaluz lleva a cabo un proceso constante de supervisión para la extinción de entidades instrumentales que o bien carecen de actividad o no tienen personal. Así, desde enero de 2019 se han suprimido 48 entidades participadas de forma mayoritaria o no por la Junta de Andalucía. En concreto, se han eliminado tres agencias administrativas, una agencia pública empresarial, un consorcio, 33 UTEDLT, cuatro fundaciones, cinco sociedades mercantiles y una institución sin ánimo de lucro.