El Gobierno andaluz ha cerrado este lunes con CSIF y UGT un acuerdo en torno al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, un texto trabajado en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración. Así, el Consejo de Gobierno aprobará este martes el Anteproyecto de Ley con la intención de que pueda llegar al Parlamento en verano y que sea una realidad antes de que termine la presente legislatura.

En el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, ha participado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, junto al presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT, Esperanza Morales.

Para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Función Pública se constituyeron cinco grupos de trabajo con representantes de la Administración andaluza y de las organizaciones sindicales, con el compromiso de contribuir, a través del diálogo social, a avanzar en el desarrollo legal de la función pública de Andalucía.

Así, como ha destacado el consejero de la Presidencia, el Consejo de Gobierno dará luz verde este martes a un texto que es fruto del diálogo y del trabajo y que se ha desarrollado con el objetivo común de mejorar y actualizar el régimen jurídico de las personas que trabajan al servicio de la Administración.

El Gobierno andaluz presenta este Anteproyecto de ley 36 años después de que se aprobara la ley anterior y 14 años después de que se haya aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, mientras en Andalucía continúa vigente una ley reguladora de la función pública que data de 1985.

El objetivo es lograr un empleo público de calidad, cualificado, profesionalizado y eficiente, así como también comprometido con la realidad social y con la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en una Administración del siglo XXI.

El consejero ha agradecido la participación y la aportación, siempre en positivo, de los sindicatos representados en la Mesa General, especialmente a CSIF y UGT, que han participado en el acto, mientras que ha invitado a CCOO a sumarse al entendimiento.

Bendodo ha subrayado que el diálogo, el consenso y la mano tendida van en el ADN del Gobierno andaluz, que seguirá trabajando codo con codo con los sindicatos a lo largo de la tramitación del anteproyecto hasta que la ley sea una realidad. "El diálogo social es un eje básico de nuestra acción de gobierno porque entendemos que es fundamental para mejorar la gobernanza y la participación de la sociedad andaluza", ha agregado.

El anteproyecto de Ley de Función Pública pretende unificar en un texto todas las cuestiones relativas al personal funcionario y laboral de la Junta, y hace un recorrido por toda la vida del empleado público: desde los procesos de selección a su formación, evaluación y carrera profesional; e incluso regula la innovadora figura de la Dirección Pública Profesional.

Entre otras novedades, adaptará los procesos de selección a los opositores del siglo XXI con pruebas más prácticas y con menos importancia a las basadas en la mera exposición memorística; reconocerá el desarrollo profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo ni de actividad; así como la oferta de empleo público incluirá como mínimo un 25% de plazas para promoción interna.

Además, en adelante se evaluará el rendimiento de los empleados públicos para mejorar la gestión y el servicio público, y también se reforzará la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias; al tiempo que el texto para la nueva norma contempla potenciar la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar y la posibilidad de desarrollar el trabajo de forma no presencial.