El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han instado al Gobierno central a aclarar lo antes posible los nuevos juzgados que tiene previsto crear en la comunidad autónoma el próximo año.

Ambos han participado en la Comisión Mixta Junta-TSJA, el órgano de diálogo bilateral que tanto Nieto como Del Río han valorado, ya que permite intercambiar información sobre las necesidades de los jueces y magistrados al frente de la Administración de Justicia, y trabajar conjuntamente para mejorar el servicio que se presta al justiciable.

"Para la Consejería es importante el aporte de información sobre cómo deben ser las nuevas sedes judiciales, las prioridades, qué necesidades tienen los jueces, o cómo dotarlos de las tecnologías que necesitan, ya que nos ayuda a acertar en las decisiones que tenemos que tomar", ha defendido Nieto. También el presidente del TSJA ha alabado el "aporte recíproco de información de las necesidades que tenemos a nivel presupuestario y de gestión administrativa".

Del Río ha llamado la atención sobre la incertidumbre existente respecto a las unidades judiciales que se crearán en Andalucía en 2024. "El Gobierno en funciones que tenemos desde hace meses impide conocer si se van a crear finalmente plazas judiciales. Sí sabemos que, si se conceden, van a ser menos de las que inicialmente solicitamos; pero si se conceden, a ver si es posible conocerlas antes de final de año", ha señalado.

La Consejería elevó al Ministerio de Justicia una solicitud, consensuada con el TSJA, de 23 nuevas unidades judiciales tras analizar las cargas de trabajo y tasas de pendencia de cada partido. La propuesta inicial del Ministerio sólo preveía crear 12 (seis juzgados y seis plazas de magistrado).

La Junta hizo alegaciones a esta propuesta, sin que hasta el momento el Gobierno haya cambiado su previsión. La resolución definitiva debe publicarse en el BOE, y tanto la Junta como el TSJA confían en que no tarde en conocerse, ya que muchos de los nuevos juzgados deben empezar a funcionar el 31 de diciembre de este año. Nieto ha recordado que la Consejería, como administración prestacional, es la encargada de dotarlos de espacio, recursos materiales y humanos según las plantillas también determinadas por el Ministerio.

Además de la creación de nuevos juzgados para el próximo año, en la Comisión Mixta también se ha informado sobre la marcha del despliegue del nuevo sistema de gestión procesal @driano, que supondrá un avance en la digitalización de los tribunales al permitir mayor interconexión entre los distintos operadores jurídicos, facilitando así las comunicaciones telemáticas frente al papel y el manejo del Expediente Judicial Electrónico único.

Tanto el consejero como el presidente del TSJA admitieron que es un proceso "complejo", si bien Nieto explicó que ya se está ultimando su implantación completa "en todas las jurisdicciones, salvo la Penal", al tiempo que se está pilotando en esta última, por lo que confió en que el nuevo @driano funcione a pleno rendimiento a mediados del año que viene.

En materia de sedes, Nieto ha dado cuenta a los representantes de los jueces en la Comisión Mixta sobre las actuaciones que la Consejería está desarrollando en el marco del Plan de Infraestructuras Judiciales, indicando la conclusión de las obras de Lucena, que será el "modelo" de la red de sedes de ciudades medias, y la puesta en marcha del primero de los siete edificios de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas, en la que, en la próxima semana comenzará a funcionar el nuevo Juzgado de lo Mercantil 4. A petición de los jueces, "progresivamente" a principios de noviembre se trasladarán el resto de los mercantiles y los 13 contenciosos que ocuparán el edificio A.

El consejero de Justicia también ha informado sobre los trámites que está realizando con varios ayuntamientos para sacar adelante otros proyectos por colaboración pública-pública mediante convenios por los que éstos ejecutan la construcción del edificio, y la Junta se los alquila durante 30 años en condiciones ventajosas para que recuperen la inversión.