El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del protocolo de colaboración pública-pública suscrito por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Diputación de Málaga para construir una nueva sede judicial en Torremolinos, que permitirá unificar los diez juzgados actualmente dispersos de este partido en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento torremolinense.

Con este acuerdo, la Junta de Andalucía abre una nueva vía de colaboración entre administraciones para desarrollar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, ya que hasta ahora se habían alcanzado pactos con ayuntamientos para ello, pero en este caso se incorpora a una diputación provincial.

En este sentido, el protocolo suscrito entre la Consejería de Justicia, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos supone un acuerdo pionero a tres bandas. Por el mismo, el Consistorio cede el suelo, que permitirá duplicar la superficie total de las tres sedes judiciales actuales; la Diputación acometerá la construcción del nuevo edificio, con un proyecto redactado por la Junta de Andalucía, que se compromete a alquilarlo para uso judicial durante 30 años por una renta que permita a la institución provincial recuperar la inversión.

El nuevo edificio contará con 8.465 metros cuadrados, frente a los 3.987 que suman en total actualmente las tres sedes, que resultan insuficientes para los diez juzgados de Torremolinos -cuyo Partido Judicial da servicio también a Benalmádena- y que carecen de espacio para posibles futuros nuevos órganos en una zona en constante crecimiento de población y desarrollo económico, lo que conlleva mayor actividad judicial. El proyecto de ejecución que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, entregará a la Diputación ha sido redactado por la arquitecta Pilar Macías. La institución provincial sacará a licitación las obras en 2024 con el fin de que la construcción comience en el menor plazo posible.

La construcción de una nueva sede judicial para Torremolinos es una demanda histórica de los vecinos y los agentes judiciales. El Ayuntamiento cedió en 2005 los terrenos para ello, aunque el proyecto ha estado bloqueado hasta ahora. La colaboración de la Diputación de Málaga ha permitido ponerlo en marcha mediante una vía de financiación alternativa basada en la colaboración público-público que la Junta de Andalucía ya ha iniciado en otros partidos judiciales de la provincia, como Marbella, y de otras zonas de Andalucía, como Roquetas de Mar (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz) o Carmona (Sevilla). En todos estos casos, serán los ayuntamientos quienes acometan las obras a cambio de la garantía de la Junta de Andalucía de alquilar los nuevos edificios durante 30 años y colaborar para la redacción de los proyectos.

La colaboración pública-pública es una de las vías alternativas de financiación que está utilizando la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para desplegar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, con el que prevé intervenir en el 100% de los partidos judiciales andaluces. También se han puesto en marcha otras fórmulas como la colaboración público-privada, como en el caso de la Ciudad de la Justicia de Jaén, o el uso, por primera vez, de fondos europeos para edificios judiciales, sobre todo en el medio rural.