El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado, durante el debate para la aprobación del Decreto Ley 1/2024 en el Parlamento de Andalucía, que "la finalidad es ser útiles a los andaluces". Sanz ha explicado la necesidad de aprobar este decreto ley ante la modificación sufrida por el Reglamento de la Unión Europea 651/2014, para otorgar más flexibilidad a la hora de formular y ejecutar las ayudas, y por el que se concedió un plazo de seis meses para la adaptación de la normativa andaluza.

El consejero de la Presidencia ha sentenciado que con esta iniciativa "cumplimos con Europa, como no puede ser de otra forma, con un gobierno responsable como el nuestro, y lo más importante: seguimos ayudando y siendo útiles a los andaluces".

Este decreto ley modifica cuatro decretos que establecen el marco regulador de las ayudas que concede la Junta. Se trata del Decreto 114/2014, que regula las ayudas a empresas para inversiones de Finalidad Regional; el Decreto 115/2014, que promueve el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas; el Decreto 185/2014, que se refiere a las ayudas para la investigación y el desarrollo de la innovación, y el Decreto 303/2015, que regula las ayudas para la protección del Medio Ambiente y el desarrollo energético sostenible. Estas cuatro normas son decretos de los años 2014 y 2015, sobre los que pivotan muchas de las ayudas que se conceden a nuestras pymes y autónomos.

Se trata de una normativa que introduce numerosos cambios en los cuatro decretos afectados, aunque destaca la ampliación para las empresas de la fórmula de cómputo de los costes subvencionables por la Junta, mediante el cálculo simplificado, para los proyectos ejecutados conforme a los planes de recuperación y resiliencia. Asimismo, se incluye el IVA en el cálculo de la ayuda y de los costes subvencionables.

Por otro lado, se adoptan nuevas reglas de acumulación en proyectos apoyados por Fondo Europeo de Defensa, y se incrementan los umbrales de aquellas ayudas en las que no es necesario contar con una decisión expresa de la Comisión Europea, "lo cual es evidente que beneficiará a numerosos pequeños y medianos empresarios andaluces", ha recalcado el consejero.