El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido en la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las comunidades autónomas que Andalucía es "pionera" en medidas para que la Administración de Justicia sea accesible y proteja especialmente a las personas más vulnerables.

En la Conferencia Sectorial, celebrado en Palencia, se ha debatido un Décalogo para una Justicia de los cuidados que el Gobierno andaluz ha apoyado porque, según ha destacado Nieto "ya lo cumplimos", con diferentes medidas en las que la comunidad es "un referente en cuidar al ciudadano cuando acude al sistema judicial y en especial a las personas especialmente vulnerables bien por discapacidad, por su edad avanzada o por ser menores, entre otras circunstancias".

Así, el Decálogo apuesta por garantizar el acceso a la Justicia y la plena inclusión de las personas con discapacidad y de edad avanzada, con servicios de apoyo. En Andalucía, además se ha puesto en marcha la figura del facilitador y se ha hecho un esfuerzo por dotar a una gran parte de las sedes judiciales de Salas Gesell. Se trata de estancias para practicar pruebas preconstituidas que faciliten la toma de declaración a colectivos como las personas con discapacidad, los menores o las mujeres que sufren violencia de género, con el fin de evitar la doble victimización, es decir, que tengan que relatar los hechos varias veces durante todo el procedimiento judicial. Desde 2019 se ha pasado de siete salas Gesell a más de una treintena.

Adecuar el servicio público de Justicia a la intervención de menores es otro de los ejes propuestos y Andalucía es un referente en materia de Justicia Juvenil para la reeducación de los menores infractores. Nieto ha recordado que es la primera comunidad autónoma que cuenta con un Expediente Digital Único de cada menor totalmente digital, gracias a la implantación del nuevo sistema de información PRISMA que, tras una experiencia piloto en la provincia de Huelva, se instauró el pasado diciembre en todos los Juzgados y Fiscalía de Menores de Andalucía.

Durante una jornada previa a la Conferencia Sectorial, el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería, Esteban Rondón, presentó este sistema pionero que permite unificar toda la documentación relativa a menores infractores que cumplen medidas impuestas por los jueces, lo que facilita seguir su evolución al permitir el intercambio de información ágil y telemática entre los juzgados y los profesionales que trabajan con los menores.

No solo en la Justicia Juvenil la Consejería está apostando por la digitalización, que es el tercer punto del Decálogo. "La Junta cuenta con una Estrategia de Justicia Digital para limitar al máximo el uso del papel y los desplazamientos innecesarios, facilitando los trámites electrónicos de abogados, procuradores y los propios ciudadanos con los juzgados, así como de los distintos agentes judiciales entre sí", ha defendido el consejero. No obstante, ha dejado claro que no se dejará de lado la atención presencial para determinados colectivos o en zonas rurales, para las que desde 2019 existen equipos itinerantes del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA).

El Decálogo incide también en la necesidad de promover el acceso a la información y documentación para personas con discapacidad auditiva y visual, así como el uso de un lenguaje accesible en el servicio público de Justicia. Andalucía recibió en 2020 el premio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la Calidad de la Justicia, en su categoría de Justicia más accesible, por un proyecto piloto para traducir las sentencias y notificaciones judiciales a un lenguaje accesible para personas con problemas de comprensión.

Tras una experiencia piloto, se ha implantado un servicio al que quienes lo requieran pueden solicitar la traducción de documentación a lectura fácil que se ha adjudicado además a una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias, que trabajan con personas con discapacidad, contribuyendo así al empleo del colectivo, otro de los puntos del compromiso adoptado.

El Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía cumple 25 años

Una Justicia para el cuidado pasa por fomentar la asistencia personalizada a las víctimas, con especial atención a las más vulnerables. El consejero ha subrayado que el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) acaba de cumplir 25 años desempeñando esa labor.

El Decálogo también insta a promocionar servicios de seguimiento y atención en procedimientos judiciales de desahucio, familia, extranjería o violencia de género. Además de la especial atención a las víctimas de malos tratos en los SAVA o las Salas Gesell, recientemente las Consejerías de Justicia y de Fomento de la Junta han suscrito un Protocolo para que los Puntos de Información de Mediación en Andalucía (PIMA) intercedan con los grandes tenedores y los arrendatarios para que busquen un consenso. Los PIMA elaboran los informes preceptivos que la nueva Ley de Vivienda exige para acreditar que antes de interponer una demanda se ha intentado el acuerdo.

En materia de Justicia Gratuita, el acuerdo adoptado ahora por el Ministerio y las comunidades autónomas para ampliar su alcance es ya una realidad en Andalucía. El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Orden de módulos y bases que regula las retribuciones económicas que reciben los abogados y procuradores del turno de oficio, que incluye por primera vez nuevos servicios como la asistencia letrada en procesos de mediación y la de los procuradores en fases de los procedimientos de violencia de género en las que no era obligatorio. Además, el nuevo programa informático TEMISA ha agilizado la tramitación de las solicitudes de abogado de oficio.

Apuesta por la mediación

La inclusión de la mediación en la Justicia Gratuita forma parte de la apuesta de la Junta de Andalucía por impulsar esta vía extrajudicial de resolución de conflictos, junto a la formación desarrollada con los colegios de Abogados para fomentar esta fórmula alternativa, por lo que la "cultura del diálogo" que reclama el Decálogo es ya uno de los ejes prioritarios de actuación de la Consejería de Justicia.

En cuanto a la adaptación y rehabilitación de las sedes judiciales para mejorar su accesibilidad y sostenibilidad medioambiental, Andalucía está desarrollando un Plan de accesibilidad con obras para suprimir barreras arquitectónicas, instalar mostradores adaptados en los Registros Civiles y bucles magnéticos para facilitar la audición a las personas con implantes cocleares, así como señalización adaptada para las personas con discapacidad visual.

De hecho, el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2027 prevé actuaciones en todos los partidos judiciales para modernizar las sedes y adaptarlas a las necesidades del siglo XXI en cuanto a la reorganización de los recursos, la accesibilidad y la eficiencia energética, con la instalación de placas solares, sistemas inteligentes de calefacción y refrigeración, así como mejoras de los aislamientos.

El consejero ha valorado que "Andalucía se ha adelantado en la progresiva implantación de medidas encaminadas a ofrecer una Administración de Justicia de los cuidados que tenga el servicio al ciudadano como prioridad y proteja especialmente a las personas más vulnerables cuando se ven inmersas en un procedimiento judicial".