El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha explicado a los grupos parlamentarios los detalles del Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) 2023-2030, que tiene previsto actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces. Para ello, ha detallado el calendario de estas intervenciones, que se desarrollarán en cuatro fases, en función de la complejidad de los proyectos a realizar. Nieto también ha destacado que el PIJ "no sólo es la construcción de edificios, sino que tambié supone la creación de un ecosistema que cree un entorno adecuado para quienes trabajan en el sistema judicial". "No sólo van a tener en cuenta el ladrillo", sino la integración de servicios digitales, la sostenibilidad y eficiencia energética de las sedes judiciales, ha destacado.

Durante su intervención en Comisión parlamentaria, Nieto ha detallado que el Plan completará la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales de provincia (con la construcción de las de Granada, Huelva y Jaén, y la finalización de la de Sevilla), además de las de Algeciras (Cádiz), Marbella (Málaga) y Jerez, Complejos Judiciales en una red de ciudades medias como Roquetas de Mar (Almería), Dos Hermanas (Sevilla) o Torremolinos (Málaga), y sedes nuevas en partidos judiciales como Lucena (Córdoba), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Estepona, Torrox y Fuengirola (Málaga), La Línea de la Concepción o El Puerto de Santa María (Cádiz).

También incluirá actuaciones en todos los partidos para garantizar la accesibilidad, la asistencia a víctimas vulnerables y la sostenibilidad, además de adecuarlas al nuevo modelo de organización de la LEO.

Cuatro fases

El consejero ha informado a los grupos del calendario para desarrollar todas estas actuaciones, dividido en cuatro fases. Así, hasta final de este año se están desarrollando los estudios preliminares y la reordenación y conclusión de los proyectos impulsados previamente. La segunda fase, entre 2025 y 2026, se impulsarán proyectos ya definidos, o que por la situación de las sedes requieran más urgencia.

Entre 2007 y 2028, la fase tres, se definirán los proyectos menos desarrollados o con más problemas de tramitación o financiación. La última fase, de 2029 a 2030, se centrará en los proyectos que requieren más esfuerzo de concreción o exijan actuaciones que requieren más plazo de tramitación, además de cerrar la ejecución de los proyectos iniciados en las fases anteriores.

Justicia humana, digital y accesible

Nieto ha destacado también que el PIJ forma parte de un Plan Estratégico para crear el primer modelo de Justicia de Andalucía, que incluye además una Estrategia de Recursos Humanos, Plan de Humanización, una Estrategia de Digitalización y una Plan de Sostenibilidad.

Para ello, el PIJ movilizará 1.500 millones de euros entre autofinanciación de la Junta, el uso "por primera vez" de fondos europeos para sedes judiciales y de nuevas herramientas, "hasta ahora no exploradas", como la colaboración público-privada, mediante la concesión de obra pública y la colaboración pública-pública con ayuntamientos y diputaciones de todo signo político, con liquidez para invertir en la construcción de nuevas infraestructuras, a cambio del compromiso de la Consejería de abonarles un canon durante 30 años por su uso para que recuperen la inversión.

El consejero ha justificado la necesidad de explorar alternativas de financiación para solucionar el déficit que presentan las infraestructuras judiciales  desde que Andalucía asumió las competencias en 1998. "En 27 años se han construido 22 sedes y rehabilitado 18", ha recordado.

Ello provocó la necesidad de alquilar edificios para poder acoger los nuevos órganos que se han ido creando a lo largo de los años, lo que ha provocado gran "dispersión" (26 partidos judiciales tienen sus órganos judiciales repartidos en dos o más sedes). Esta situación mantiene a los profesionales en instalaciones deterioradas, sin espacio para futuras ampliaciones, y para la reordenación que supondrá la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), ni los equipamientos informáticos que requieren las nuevas herramientas digitales, como el sistema de gestión procesal @driano, cuyo despliegue estará completado en todas las jurisdicciones el próximo junio.

"Ha habido un abandono absoluto de la Justicia durante décadas, y hay una necesidad evidente desde hace muchos años", ha lamentado José Antonio Nieto, por lo que ha defendido que la concesión de obra pública y la colaboración con entidades locales "va a permitir que las obras se hagan ya, aunque se abonarán en el mayor plazo posible para no incurrir en déficit, generar deuda ni minorar los recursos de otras consejerías".

La previsión es que más de 700 millones procedan de la colaboración público-privada y pública-pública, alrededor de 170 millones de autofinanciación, unos 45 millones de fondos europeos y 185 millones de la gestión patrimonial de edificios en propiedad que tras dejar de tener uso judicial "vamos a poner a la venta". Además, cuando estén completadon los 96 contratos de alquiler actuales, éstos se reducirán a seis o siete, lo que supondrá el ahorro de 17 millones anuales en rentas disponibles para destinarlos al desarrollo del Plan de Infraestructuras Judiciales.

Nieto ha reconocido que se trata de un plan "integral, ambicioso y holístico" que, según ha garantizado, "vamos a hacerlo en el menor tiempo posible" con la colaboración de todos los operadores jurídicos, entidades locales, la empresa privada y la Consejería de Hacienda. Una colaboración a la que ha animado a sumarse a los distintos grupos.