El viceconsejero de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud; el director general de Movilidad de la Consejería, Mario Muñoz-Atanet, y los representantes de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), de Élite Taxi, de la Confederación de la Costa del Sol y de Solidaridad del Taxi Sevilla se han reunido en el grupo de trabajo creado para mejorar este servicio público. El objetivo es ordenar y modernizar el sector, con la máxima seguridad jurídica y anteponiendo los intereses de los andaluces.

Mario Muñoz-Atanet ha explicado en la reunión que, amparándose en el Reglamento del Taxi, su departamento ya trabaja en el desarrollo de dos históricas reivindicaciones del sector: la fijación del precio previo a través de la contratación telemática y el cobro por plaza, esto es, el desarrollo del taxi compartido.

También ha planteado a los representantes del colectivo varias medidas que ejecutará la Consejería, entre ellas, solicitar a Función Pública el incremento de la plantilla de inspectores y, adicionalmente, que se aumenten las tareas de inspección del sistema de transporte público de turismos un 50%. Se atiende así a otra de las demandas de los representantes del sector del taxi.

El director de Movilidad ha anunciado a los representantes de los taxistas la puesta en marcha el 1 de marzo de la web de control de los Servicios de Transportes del Ministerio de Fomento. Durante este mes de febrero se ha activado en modo de preproducción y a partir de marzo entrará en funcionamiento, si bien durante los dos primeros meses ejercerá sólo una labor informativa y, a partir del 2 de mayo, se iniciarán los correspondientes procedimientos sancionadores por parte de la Consejería. Se controlará así la regla de habitualidad 80/20. Por su parte, el director de Movilidad ha subrayado que no quiere "poner parches", sino encontrar una solución a un problema que viene de lejos y que afecta a todo el ámbito nacional. "La regulación debe ser nacional y debe existir colaboración entre las comunidades autónomas. Ahora hay una subasta de tiempos de precontratación de la VTC y no tiene por qué ser la única manera de ordenar el sector", ha defendido Muñoz-Atanet, que ha reiterado que "está dentro de nuestro objetivo el ordenar la precontratación con soluciones efectivas y razonables".

El viceconsejero, Jaime Raynaud, como conclusión de la reunión, ha anunciado que en 48 horas se les comunicará a los representantes del taxi la fecha en la que se les entregará un borrador de propuestas sobre la ordenación de la precontratación de las VTC y la regulación del sector y, así, poder seguir negociando.

Reunión con el sector del taxi en la Consejería de Fomento.

Esta reunión se produce después de la que mantuvo la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, el pasado 31 de enero, con los representantes del sector del taxi, cita en la que se acordó, entre otras cosas, la creación de este grupo de trabajo. Entonces ya se avanzó que la intención de la consejera es ofrecer un diálogo permanente para lograr la coexistencia de ambos sistemas, velando por el cumplimiento de la legislación vigente, protegiendo los empleos que genera el sector y buscando el mayor beneficio para el ciudadano.

En dicha reunión, el colectivo se quejó del obscurantismo del anterior Gobierno andaluz y solicitó el número de autorizaciones de VTC y licencias de taxi en vigor. Pues bien, en la reunión mantenida se les han entregado estos datos, a la espera del número de los permisos judicializados.

Tras la reunión del pasado día 31, la consejera Marifrán Carazo pidió por carta al Ministerio de Fomento la reunión urgente de la comisión de Directores Generales de Movilidad, encuentro que finalmente se adelantó al próximo día 19. Por este motivo, Mario Muñoz-Atanet ha solicitado a los representantes del taxi sus propuestas por escrito para trasladarlas a la comisión estatal.

Asimismo, les ha adelantado que el anteproyecto de Ley en el que trabaja el Gobierno central prevé una modificación del régimen sancionador para que se puedan revocar las autorizaciones de las VTC cuando se registren cinco o más  infracciones graves al año.