El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este jueves que la Consejería se ha marcado como objetivo para la presente legislatura ahorrar un 15% en arrendamientos de sedes judiciales y acabar con la dispersión actual reduciendo un 20% los edificios de la planta judicial, actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de un mapa de infraestructuras provincializado para planificar las acciones necesarias en los distintos partidos judiciales.

Así lo ha explicado este jueves en comisión parlamentaria Juan Marín, quien ha destacado que la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas ha llevado a cabo un diagnóstico de las sedes judiciales andaluzas en el que se ha detectado tres grandes problemas: el exceso de arrendamientos, la dispersión y deficiencias en casi la mitad de edificios. "La gestión de las infraestructuras judiciales ha sido deficiente y ha llevado a nuestra comunidad autónoma a una situación que denuncian todos los sectores y profesionales de la Justicia", ha subrayado el vicepresidente.

El 40,13% de las sedes judiciales están en régimen de alquiler, lo que implica que cada año la Consejería abona más de 25 millones de euros como inquilina. Además, en la última década el gasto destinado al arrendamiento se ha incrementado casi un 18%. Por este, motivo el vicepresidente ha explicado que el objetivo de su Consejería es "reducir en la presente legislatura en un 15%" el gasto en este apartado, lo que permitiría invertir en nuevas sedes en propiedad que fortalezcan el patrimonio de la Junta.

En cuanto a la ubicación de las sedes, Marín ha señalado que desde la Consejería se está trabajando "en el mejor diseño del mapa judicial para solventar la dispersión allí donde sea posible". Por este motivo, ha asegurado que ha encargado a la Dirección General de Infraestructuras "una hoja de ruta para que se realice de forma solvente".

Por último, sobre el estado actual de los diferentes inmuebles, el vicepresidente de la Junta ha detallado que, de las actuales 152 sedes judiciales, un 56% (85 de ellas) se encuentran en un buen estado y sus instalaciones no precisan de una intervención más allá de las tareas habituales de conservación y mantenimiento. Un 30% necesita alguna actuación menor, mientras que en 22 edificios es preciso llevar a cabo una actuación mayor o una solución alternativa dadas las deficiencias que presentan.

Por último, Marín ha aseverado que para diseñar las infraestructuras judiciales se contará con los profesionales del sector. "La eficacia judicial, la racionalización de los recursos, el papel cero y la evaluación de las sedes judiciales para conocer sus deficiencias son aspectos muy importantes que esta Consejería tiene como ejes fundamentales", ha concluido.