El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha anunciado que la Junta está estudiando la presentación de un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, aprobado en 2015 por el Consejo de Gobierno. Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha explicado que este documento de planificación, previsto en el decreto ley de medidas urgentes de 2012, tiene como objeto garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera, evitar el deterioro de su paisaje, así como completar y unificar los planes ya existentes de ordenación del territorio de ámbito subregional en la zona costera.

Para Fiscal, la aprobación de este plan estaba justificada por el interés general del mismo, un interés que se habría visto perjudicado si no se hubiera culminado este proceso en el plazo fijado. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la provisionalidad de la situación, la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático elaboró un informe en el que se justificaba tanto la urgencia de la aprobación del plan como la existencia de interés general.

En concreto, se argumentaban cuatro razones. La primera, que la elaboración del plan se había llevado a cabo siguiendo todos los trámites preceptivos establecidos en las normas de aplicación. La segunda, que había motivos que justificaban su aprobación antes del 27 de mayo de 2015, fecha límite del plazo fijado. En la tercera se especificaba que si esto no se llevaba a cabo se podría producir un efecto pernicioso, en concreto el levantamiento de la suspensión cautelar establecida en el Decreto de 2012 sobre nuevos instrumentos de planeamiento en zonas protegidas; mientras que en la cuarta se argumentaba que la no aprobación del plan en el plazo legalmente establecido dejaría sin efecto el objetivo que establece dicho decreto de salvaguardar los intereses autonómicos presentes en esta zona. Es decir, garantizar la protección de la franja más próxima a la costa y mantener libres de urbanización los espacios no edificados que no fueran necesarios para la normal expansión de nuestros municipios. En definitiva, "apostar una vez más por un desarrollo urbanístico sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio", ha añadido.

En el transcurso de su intervención, el titular de Medio Ambiente ha recordado que este plan, que inició su formulación en enero de 2013, se ha visto sometido a un "largo y proceloso procedimiento de participación de muy diversos sectores públicos y privados, con sus aportaciones y sugerencias". Tras un proceso de dos años y medio, el Consejo de Gobierno en funciones lo aprobó en mayo de 2015, dos días antes de que concluyera el plazo normativo para su aprobación definitiva. Para Fiscal, si este plazo hubiera expirado no se habría podido llevar a cabo la aprobación de este documento en el marco de la legislación vigente y del carácter excepcional que el propio Decreto Ley de 2012 otorga para su ampliación.

Hay que resaltar que durante el periodo de información pública se presentaron 918 escritos, con un total de 3.547 alegaciones, que sumado al elevado número de municipio afectados (62) obligó a ampliar el plazo fijado para lograr un mayor grado de consenso. Todo ello para asegurar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias de protección. En definitiva, un espacio "que precisaba un tratamiento integrado donde compatibilizar el desarrollo esencial para nuestro sistema productivo con la sostenibilidad económica y ambiental". No en vano, la franja litoral se considera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

Tras destacar "el respeto absoluto " del Gobierno andaluz hacia todas las resoluciones de los Tribunales de Justicia, Fiscal ha aclarado que la sentencia del TSJA, que puede resultar de interés jurídico para ver cuál es el alcance de las competencias de los gobiernos en funciones, no pone en entredicho los contenidos del citado plan de protección ni las bondades de su tramitación, ha concluido.