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Medidas de control

Igualmente novedosos son los mecanismos que se introducen para garantizar el desarrollo efectivo de los proyectos respaldados. Entre ellos destaca la penalización que se impone a aquellos ayuntamientos que no hayan iniciado antes del próximo 1 de julio sus obras aprobadas correspondientes al anterior programa. En este caso, de los fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con independencia de las prórrogas solicitadas para acometerlas.

Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos municipios, el dinero detraído pasará a ser gestionado por la Diputación Provincial correspondiente, que lo destinará a iniciativas a favor de los desempleados.

Los 181 millones de euros consignados por el Proteja para los ayuntamientos se repartirán en un 20% atendiendo a criterios de población, mientras que el 80% restante se vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. En cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio.

De acuerdo con estos criterios generales, la distribución para los ayuntamientos por provincias queda como sigue: Almería, 14,6 millones de euros; Cádiz, 32,2 millones; Córdoba, 16,4; Granada, 19,3; Huelva, 10,8; Jaén, 11,8; Málaga, 34,8, y Sevilla, 40,8.

En cuanto al sistema de pagos, el Decreto-ley introduce diversos cambios. Frente al anterior abono de la cuantía total en el momento de la validación del proyecto, y con el fin de agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía realizará ahora el pago en tres partes. Así, el Ayuntamiento recibirá en concepto de anticipo general el 20% de los fondos asignados al municipio; el 60% en el momento de la adjudicación y el 20% restante una vez justificado el proyecto.

Por su parte, y al igual que en el anterior programa, los ayuntamientos tendrán que pagar a los contratistas en el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obras o de la realización parcial o total del contrato.