El nuevo Proteja establece también medidas para agilizar plazos y garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma general, todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley. Para ello, se unifican en un solo procedimiento los trámites de solicitud y presentación del primer proyecto, que deberán remitirse conjuntamente antes del próximo día 1 de julio y por vía telemática en www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/proteja. Para las posteriores propuestas de actuaciones, los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de agosto. La Junta irá validando los proyectos a medida que los vaya recibiendo y para ello contará con un plazo máximo de 15 días.

Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los ayuntamientos contarán con un mes para licitar las obras o servicios (anteriormente no se especificaba periodo sino tan sólo una fecha de justificación de los fondos). En los casos de que se incumpla este plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, los fondos pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes diputaciones provinciales.

Para el desarrollo de los proyectos, el Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una mayor complejidad.

La última novedad relevante respecto al primer programa iniciado en 2009 es el refuerzo de la implicación de las organizaciones sindicales y empresariales a través de la creación de las Comisiones Provinciales de Participación, que se añaden a la ya existente de ámbito regional.

El programa mantiene, finalmente, el plan formativo que ya se recogía en la primera edición. De acuerdo con esta iniciativa, dotada con 20 millones de euros, los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales participarán con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones emergentes, de tal forma que su paso por el programa signifique una oportunidad real de encontrar un posterior empleo. Aquellos beneficiarios que no cobran ninguna prestación tendrán derecho, además, a recibir una beca durante tres meses, equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).