El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la Orden del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por la que se insta a adoptar medidas en relación con las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, cualquiera que sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19.

Así, valorada la situación actual, teniendo en cuenta el aumento de la propagación del virus, se procede a instar al centro directivo competente para que sean adoptadas medidas dirigidas a frenar o paliar el riesgo de contagio o transmisión y a tratar en la mejor medida posible las patologías de las personas residentes en centros sociosanitarios, entre los que se incluyen residencias de mayores, centros de personas con discapacidad, centros de tratamiento de adicciones o centros de salud mental.

Por ello, se faculta a la persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios para que adopte cuantas medidas resulten necesarias para el control y tratamiento de la epidemia en aquellos centros sociosanitarios afectados por el coronavirus COVID-19, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en el marco del artículo 10.m) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.

Igualmente, las medidas de carácter sanitario que se adopten serán llevadas a cabo por el Servicio Andaluz de Salud, a quien corresponde la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 11.2.a del Decreto 105/2019, de 12 de febrero.

Estas medidas supondrán, en su caso, la intervención sanitaria gradual, en función del estado de la situación en cada centro afectado. Todas las medidas se adoptarán atendiendo a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Estas medidas estarán dirigidas exclusivamente a la adecuada atención sanitaria de los usuarios de los centros sociosanitarios afectados. Tendrán una duración de un mes, pudiéndose prorrogar por otro. Se someterán a autorización, en su caso, o ratificación judicial, las medidas que en concreto se adopten.