El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2024-2028, cuya finalidad es promover que la Atención Temprana en la comunidad autónoma alcance las condiciones idóneas para afrontar importantes retos futuros.

Dentro de estos retos destacan favorecer el óptimo desarrollo y la máxima autonomía personal de las personas menores de seis años, con trastornos en su desarrollo o riesgo de presentarlos; minimizar y, en su caso, eliminar los efectos de una alteración o discapacidad, así como la aparición de trastornos o secuelas añadidas en las personas menores atendidas; facilitar la inclusión familiar, escolar, social y la calidad de vida de las personas menores y sus familias; así como fortalecer las competencias de las familias y su entorno.

En la formulación se indica que, como mínimo, el plan debe contener: un análisis de la situación de partida en referencia al contexto andaluz, nacional, europeo y mundial; un diagnóstico que permita señalar los problemas, retos y necesidades a abordar; la determinación de los objetivos perseguidos; una programación que establezca las medidas a ejecutar para el logro de los objetivos definidos, incluyendo la estimación de los fondos destinados a financiar aquellas, en su caso, y un cronograma tentativo para la consecución de los mismos; una organización o sistema para la gestión que determine o distribuya las responsabilidades en su formulación y ejecución; un sistema de seguimiento y evaluación y sus correspondientes indicadores de cumplimiento; una evaluación ex ante que permita optimizar las probabilidades de eficacia y eficiencia del Plan; y un informe de evaluabilidad que acredite los atributos básicos para la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Del mismo modo, la formulación establece que para su elaboración se creará un grupo de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo de la Consejería de Salud y Consumo, en el que participarán representantes de las consejerías competentes en materia de salud, servicios sociales y educación, así como cuantas personas expertas en la materia se estimen oportunas. Además, se hará una consulta pública previa con el fin de recabar aportaciones de los sujetos y organizaciones más representativas afectados por el plan.