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Salud

La Junta estima que la reclasificación del personal estatutario del SAS necesita un marco legal estatal

El Consejo de Gobierno asegura que la modificación requiere una norma estatal, con rango legal, para regular la materia en cuestión

El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio respecto a la Proposición de Ley 12-24/PPL-000002 relativa a la reclasificación de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), presentada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, y señala que es necesario un desarrollo de ámbito nacional.

Así, la Junta de Andalucía entiende que, según la normativa y jurisprudencia aportada, es necesaria una norma estatal, con rango legal, que regule la materia, así como la necesaria coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para evitar indeseables disfunciones, ya que se trata de categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio nacional reguladas en el Real Decreto 184/2015, de13 marzo.

Por otro lado, aunque se trata de una Proposición de Ley que no tendría impacto en 2024, sí que debería contemplar el impacto económico que generará a partir de 2025 y que compromete ejercicios futuros.

La Junta de Andalucía tiene especial interés en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del SAS, y así lo ha demostrado con la implantación de numerosas medidas desde el año 2019. En ese sentido cabe destacar el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el SAS, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades del SAS o la Orden de Estatutarización del personal de las extintas agencias públicas sanitarias.

De igual modo, se ha incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores en un 14%, se ha puesto fin a los contratos de menos 6 meses, se ha apostado por la equiparación y mejora retributiva con la extensión del complemento específico de la exclusividad, la jornada complementaria y la atención continuada, entra otras muchas medidas. Además, un total de 51.227 profesionales se han beneficiado de los concursos de traslados y las OPES celebradas desde 2018 están logrando estabilizar a cerca de 64.000 profesionales.