El Gobierno central ha convocado a las autonomías a una reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo era presentar un informe de la comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades.

Según ha señalado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el informe pone de manifiesto que las comunidades autónomas están soportando ya más del 80% de la financiación, aun cuando la Ley de Dependencia establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y autonomías, sería del 50%.

En el documento se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado (283 millones de euros menos cada año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13% menos cada año) produciendo un quebranto económico a las comunidades.

"Una financiación equitativa acorde con la Ley hubiese obligado a la Administración General del Estado a aportar en presupuestos 1.700 millones de euros más cada año. Andalucía ha dejado de percibir más de 625 millones de euros, con esto podríamos haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia, y gestionamos ya el 82% del sistema", ha dicho Sánchez Rubio.

La consejera ha explicado que la financiación tiene un carácter finalista y por tanto está condicionada al mantenimiento del sistema. "En el informe se reconoce, por primera vez, que la única vía de financiación afectada al sistema de atención a la dependencia en la actualidad por parte del Estado (tras la supresión del nivel acordado) es el nivel mínimo de protección que corresponde al Estado y que representa no más del 20% del coste", ha destacado.

En este sentido, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha reclamado que "la recuperación de las cuantías del nivel mínimo y el nivel acordado de financiación que haga posible en nuestros territorios la sostenibilidad del sistema y la atención a las personas en situación de dependencia".

Según Sánchez Rubio, "es necesario, en el corto plazo, modificar el sistema de financiación, en el que se mantenga el carácter finalista, que tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación y que priorice los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas y que sea garantista de un esfuerzo equitativo entre Estado y comunidades autónomas".

Dentro del Pleno de la reunión extraordinaria, la consejera andaluza también ha señalado que "es el momento oportuno de realizar una revisión de la Ley, que ponga remedio a la dispersión normativa, que aproveche la experiencia acumulada en la gestión, adapte sus mecanismos a la demanda de los ciudadanos, flexibilice sus estructuras para mejorar su capacidad de respuesta a los nuevos problemas sociales, mejore su encaje en el marco del sistema público de servicios sociales y garantice la sostenibilidad".

Andalucía, líder en atención a la dependencia

A fecha de 31 de agosto, Andalucía cuenta con 188.532 personas en situación de dependencia (el 20,6% del total nacional), que se benefician de 241.730 prestaciones (el 21% del total). El Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo unas 209.000 personas, de las que más de 77.000 están en situación de dependencia, lo que representa el 43% del total nacional, mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio lo reciben 52.527, un tercio del total del país.

Sánchez Rubio ha destacado que "desde la Junta, a pesar de los recortes del Gobierno de España, hemos reactivado la atención a la dependencia". De este modo, desde 2015 y hasta el 31 de agosto, Andalucía ha incorporado cerca de 90.000 personas beneficiarias con 122.000 prestaciones nuevas, y se han llevado a cabo casi 160.000 nuevas valoraciones y revisiones.