La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto por el que entra en vigor la ley de renta mínima de inserción social, la nueva prestación garantizada del sistema público andaluz de servicios sociales. Ante el órgano parlamentario, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recalcado que se trata de una garantía de ingresos que va vinculada y se complementa siempre con un plan de inclusión sociolaboral. En este sentido, ha hecho hincapié en que "las políticas de empleo son la mejor arma para luchar contra las situaciones de vulnerabilidad a corto, medio y largo plazo". La representante del Gobierno andaluz ha subrayado "el carácter subjetivo del nuevo derecho, que surge por el deterioro de la cohesión social".

La Diputación Permanente del Parlamento ha ratificado el texto del decreto ley, aprobado el pasado 19 de diciembre por el Consejo de Gobierno y que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. La nueva renta entró en vigor el 1 de enero último y contará con un presupuesto para este año de 198 millones de euros. Según las previsiones de la Junta, para el periodo 2018-2021 se destinarán 819 millones de euros para las prestaciones, de las que se beneficiarán cada año más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).

Tras calificar el decreto ley de "trascendental importancia", Sánchez Rubio ha destacado que "esta es la respuesta del Gobierno andaluz a una compleja situación de vulnerabilidad". Por ello, debe tener un carácter multidimensional que además requiere una respuesta transversal desde las distintas administraciones, ha puntualizado. Asimismo, ha reiterado la solicitud al Gobierno central "de establecer un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal y ha insistido en que "debe ser el Estado el que garantice la cohesión social".

Sobre el Plan de inclusión la consejera ha indicado que se va a elaborar conjuntamente entre su departamento y el Servicio Andaluz de Empleo junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante. El documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión de la renta, incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. El decreto ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.

La Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se incorporará como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consistirá en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS). Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.

Colectivos prioritarios

El nuevo modelo prioriza a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde, al menos, un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Entre otros colectivos, el requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud.

Para el cálculo de la cuantía, se sustituye la referencia del Salario Mínimo Interprofesional por el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). El importe será el equivalente al 78% de este indicador en la fecha de la solicitud. El porcentaje se incrementará un 10% por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la solicitante, hasta un máximo del 125% del IPREM. Este límite podrá sobrepasarse hasta el 145% en los supuestos de unidades familiares integradas por seis o más miembros con tres o más menores a su cargo, las familias monomarentales o monoparentales, entre otros supuestos.

El decreto ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las asociaciones de consumidores Facua y UCA, y otras entidades como CEPES y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La consejera, por último, ha apelado al Gobierno una vez más para que "asuma su responsabilidad y defina y establezca un modelo de ingresos mínimos vitales homogéneo porque la desigualdad es mala para la economía". En este orden de cosas, ha reiterado "el compromiso del Ejecutivo andaluz por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía".