El nuevo Ingreso Por la Infancia y la Inclusión proyectado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha ampliado su consenso con la reunión que ha mantenido la consejera del ramo, Rocío Ruiz, con la secretaria general del sindicato UGT en Andalucía, Carmen Castilla. En la ronda de contactos que Ruiz está llevando a cabo con la finalidad de conseguir el máximo apoyo y colaboración por parte de todos los agentes sociales, en este encuentro ha presentado los puntos más destacables de esta ayuda destinada a convertirse en "una herramienta fundamental para la lucha contra la pobreza estructural que sufre Andalucía", ha señalado.

Por otra parte, ha informado que el nuevo Ingreso Por la Infancia y la Inclusión que ha diseñado el Gobierno andaluz incidirá en la formación de las personas beneficiarias a través de itinerarios sociolaborales y en la permanencia de los menores en el sistema educativo como medio para salir de la exclusión social. Asimismo, ha subrayado que el IPII será compatible con el empleo y el Ingreso Mínimo Vital del Estado.

Esta prestación sustituirá a la actual Renta Mínima de Inserción Social y es una prestación garantizada mensual y que, por tanto, tiene carácter complementario con cualquiera de los recursos de los que disponga la unidad de convivencia derivados de rendimientos del trabajo o del patrimonio que resulten insuficientes, así como con las prestaciones económicas y de servicios.

Según Ruiz ha informado a la secretaria general de UGT, el borrador del Decreto del Ingreso Por la Infancia y la Inclusión está concluido, por lo que ha comenzado su proceso de tramitación y consenso con el resto de formaciones políticas, entidades y agentes sociales.

Esta nueva ayuda se enmarca en la Estrategia para la Infancia y la Inclusión, cuya formulación ya aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 22 de febrero. Por su carácter transversal, esta iniciativa servirá para articular y coordinar el conjunto de recursos del sistema público de servicios sociales de Andalucía con el objetivo de romper la espiral de la pobreza estructural de la comunidad.

Con la aprobación de la formulación de la Estrategia para la Infancia y la Inclusión, se pone en marcha un proceso que tiene como partida un análisis de la situación y un diagnóstico. Posteriormente, la definición de los objetivos estratégicos y de las líneas estratégicas de acción para concluir con un seguimiento y evaluación de la Estrategia una vez que ésta se desarrolle.

Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, elaborará un borrador con la participación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las distintas consejerías, personas expertas en la materia, instituciones, organismos y agentes sociales. A su conclusión, el borrador del documento será sometido a información pública con el objetivo de recabar las aportaciones de las entidades o personas interesadas.

Ruiz se ha referido al hecho de que la pandemia haya afectado más a quienes ya eran más vulnerables antes de esta nueva crisis, ante el riesgo de cronicidad y su fractura respecto del resto de la sociedad. "La exclusión social ha aumentado muy notablemente y, sobre todo, lo han hecho las situaciones de exclusión más severas", ha señalado.

Concretamente, la exclusión social crece por encima de la media en las comunidades más pobladas, como es el caso de Andalucía, y en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer o con población juvenil. "Con el IPII estamos trabajando en una gran estrategia que permita corregir de forma estructural este problema que lleva enquistado décadas en nuestra comunidad y que gira en torno a toda esta revolución social que está desplegando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la presente legislatura. Así, estamos pasando de las políticas asistencialistas de antaño a las políticas de inclusión a través de las que generar oportunidades para que todas las personas puedan desplegar su máximo potencial", ha detallado la consejera.

La lucha contra la pobreza infantil es un reto de primer orden para el Gobierno andaluz, que se enmarca en el problema de pobreza estructural que sufre la comunidad. El 35,1% de la población, 2,97 millones de personas, estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2020. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, el 28,5% de los niños, niñas y adolescentes en Andalucía, es decir, 451.474 menores de 18 años, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Por otro lado, el 45,1% de los hogares monoparentales con al menos un hijo o hija dependiente estaba en riesgo de pobreza en 2020 y el 9,3% de los niños, niñas y adolescentes andaluces experimentan carencias materiales severas.