La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado en Huelva los resultados previos a la elaboración del primer plan estratégico para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva. Dicho análisis, que ha contado con la participación de agentes económicos y sociales, dispone de 79 propuestas en todas las áreas de intervención.

Acompañada del delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, y el director general de Políticas Migratorias, Jesús Toronjo, la consejera ha señalado las principales conclusiones de este estudio previo, en cuyo proceso de elaboración se han creado hasta diez mesas sectoriales.

Este estudio previo cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos: área urbanística y vivienda, inclusión social, del ámbito jurídico, relativas a la comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social, entre otras.

Se trata de un trabajo que ha supuesto, como ha explicado la consejera, más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de 1.000 horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.

"Es un trabajo duro y necesita unidad", ha continuado la titular de Igualdad.  "No se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas", ha enfatizado la consejera, que ha hecho hincapié en la importancia de construir un modelo de convivencia más integrador, tolerante y solidario y por eso, ha subrayado, que el Gobierno tiene que "implicarse a fondo" al tener competencias directas en esta materia.

Por su parte, la Junta de Andalucía, como ha recordado la consejera, ha tomado "cartas en el asunto" y se ha implicado desde hace un año en la elaboración de este plan. Se trata de una cuestión de primer nivel y que, como se ha puesto de manifiesto en estos días, la migración es un fenómeno creciente que requiere que "el Gobierno se implique de verdad y a fondo" porque "son personas y se merecen un trato digno". "Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos", ha dicho López, que ha incidido en la competencia en esta materia que tiene el Ejecutivo central.

Este estudio ha tenido, en primer lugar, una fase de conocimiento y una segunda de consulta en la que han participado responsables de administraciones públicas (diputaciones, ayuntamientos, la propia Junta), empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, entidades sociales, Defensor del Pueblo, Fiscalía, Audiencia Provincial, etc, lo que da una muestra de que es un análisis participado y consensuado con todos los agentes implicados.

Además, ha recordado que en la Mesa por las Infraestructuras de la Diputación de Huelva se incluye un punto sobre los asentamientos, por lo que ha puesto a disposición de todas las administraciones este estudio y el posterior plan que se elabore.

Convencida de que la unidad es la mejor vía de trabajo, ha reiterado que la Junta "no puede estar de manos atadas" sino que necesita que el Gobierno "se involucre" para ser "no un mero ayudante, sino una parte necesaria y fundamental" para acabar con los asentamientos, como ha añadido Toronjo.

Asentamientos onubenses

Por su parte, Loles López ha señalado que todo este trabajo ha permitido tener una radiografía de la situación que se da en los asentamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven de manera permanente más de 390 personas, según los censos elaborados por los ayuntamientos y que se corroboran con los datos del Servicio de Emergencias 112, el cual anualmente realiza un estudio sobre la accesibilidad para actuar en los asentamientos en casos de emergencia.

Así, para contar con las cifras actualizadas, estos censos se volverán a elaborar en este año y la importancia de los mismos es que "no solo se contabiliza el número sino que se añade información sobre la situación administrativa y personal de cada persona", al objeto de conocer en detalle la situación.

Este estudio previo indica que en Lepe, por ejemplo, de 2022 a 2024 se han reducido de 17 a nueve los asentamientos y en Moguer de 15 a seis. Por tanto, "con estrategia, colaboración y voluntad, se puede acabar con los asentamientos en Andalucía. Se le puede dar dignidad a todas las personas", ha concluido López.

En este punto, hay que recordar la adjudicación por parte de la Junta de subvenciones, con cargo a fondos europeos, por iporte de 3,4 millones para la adquisición de inmuebles, construcción, reforma o equipamiento de nuevos recursos públicos para la atención residencial de las personas migrantes. De esta línea de ayudas se han beneficiado los ayuntamientos onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto y el almeriense de Níjar. Además, la Junta de Andalucía destinó 400.000 euros mediante una subvención a la residencia para trabajadores temporales de Lepe.

Plan Easen

El primer Plan EASEN tiene como objetivo diseñar propuestas y coordinar a las distintas administraciones públicas para la integración residencial y socio laboral de las personas que residen en dichos asentamientos. Asimismo y dentro de una estrategia regional conjunta con las entidades locales, se colabora para la puesta en marcha de planes locales y/o comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas, ubicados en cada uno de sus términos municipales.

Bajo el paraguas de este plan estratégico, se trata de elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de las personas residentes.

En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas asociadas, donde residen personas de origen migrante, es una situación de al menos los últimos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas que tienen esta realidad. Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en zonas donde se da la existencia de núcleos chabolistas e infraviviendas.