El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del seguimiento realizado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa en materia de responsabilidad ambiental y vigilancia de la contaminación accidental correspondiente a 2022.

Como cabe reseñar, en base a la normativa actual, los operadores de actividades profesionales y económicas deben acreditar el cumplimiento de una serie de obligaciones en materia de garantía financiera de responsabilidad medioambiental: elaborar un análisis de riesgos medioambientales que traduzca en términos monetarios el riesgo potencial de su actividad; constituir una garantía financiera si el resultado del análisis se sitúa por encima de determinados umbrales y comunicar a la Administración por medio de declaración responsable, la obligación o exención de constituir garantía financiera como resultado del análisis de riesgos medioambientales realizado.

Así, las actividades obligadas en Andalucía se incluyen en un inventario de operadores e instalaciones en el que se unifica de manera transversal la información contenida en diferentes registros (industria, emisiones contaminantes y minas) en función de su común potencial lesivo para el medio ambiente. De esta forma, Andalucía destaca a nivel estatal en número de instalaciones obligadas y en diversidad de sectores y actividades clasificadas sometidas a control, con más de 600 instalaciones inventariadas en funcionamiento, de las cuales 581 cuentan con garantía constituida de 388.964.974,08 euros a partir de las declaraciones responsables presentadas, con una monetización estimada del riesgo ambiental ocasionado de 292.824.067,12 euros.

En este sentido, el seguimiento de las obligaciones y la calidad de los datos obtenidos permite obtener una imagen real de los riesgos ambientales de las actividades económicas desarrolladas en la comunidad, expresados en términos monetarios y reflejados sobre el territorio a nivel provincial.

En este seguimiento también se recogen las actividades desarrolladas en ámbitos como la telematización de procedimientos administrativos y el desarrollo de la administración electrónica en materia de responsabilidad medioambiental, la asistencia técnica a los operadores en el cumplimiento de sus obligaciones y a otros órganos administrativos con competencias en la materia o la difusión de conocimientos específicos sobre la normativa a través de cursos capacitación técnica para personal al servicio de la Junta de Andalucía.

De esta forma, con los datos obtenidos, la calidad de dichos registros y en base a la legislación actual, Andalucía se sitúa como una región puntera en la prevención, evaluación y aseguramiento de los riesgos de daños medioambientales dentro de la Unión Europea.