Información general
Durante la X Legislatura en la Comunidad Autónoma de Andalucía existió un proyecto de disposición reglamentaria en materia de prevención de la corrupción que no llegó a aprobarse.
La corrupción es la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del paro. Socava los principios de buena administración, de la equidad y de la justicia social, ensombreciendo la legitimidad de nuestras instituciones democráticas. En este contexto la simple aplicación de la legislación penal se estima insuficiente para hacer frente a la misma, debiendo complementarse con nuevos mecanismos y herramientas que, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, coadyuven en Andalucía a su eliminación.
La tramitación realizada en la anterior legislatura de un proyecto de decreto por el que se establecía el modelo de prevención de la corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se creaba y regulaba la Oficina contra el Fraude y para la Prevención de la Corrupción, ha puesto de manifiesto la insuficiencia de una disposición reglamentaria para alcanzar los objetivos pretendidos, en particular por la afectación a materias en cuya regulación rige el principio de reserva de ley.
Es conveniente recordar que entre las Medidas de Desarrolo y Prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía pactadas entre el Partido Popular de Andalucía y Ciudadanos se incluye, en el ámbito de la regeneración democrática e institucional, la aprobación de un proyecto de Ley Andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción junto con la creación de una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. En este sentido, el Consejo de Gobierno acordó el 5 de febrero pasado, instar al Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de una Ley de creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Este Acuerdo se ha complementado con el de 5 de marzo para la adopción de medidas de carácter normativo para la protección de las personas denunciantes del fraude y de la corrupción, de tal forma que las medidas a adoptar en esta materia se integren en la misma Ley de creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
La ley abordará de forma global el problema de la corrupción apoyándose en tres principios claves: más transparencia, mejores controles y más responsabilidad. Junto con la creación de una Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción la ley recogerá las medidas necesarias para proteger a las personas denunciantes de la corrupción, de manera que tengan garantías adecuadas de indemnidad tanto en su ámbito profesional como personal.
La insuficiencia del marco legal actual para combatir la corrupción en las Administraciones Públicas y el hecho de que afecte a materias sujetas al principio de reserva de ley descartan alternativas regulatorias diferentes a la de elaboración de un proyecto de ley en el ámbito de las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, durante el plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Portal de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través del siguiente buzón de correo electrónico:
participa.ctrjal@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.