Información general
-
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.
-
Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, aprobado por Decreto 97/2000, de 6 de marzo.
-
Orden de 20 de febrero de 2007, conjunta de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Cultura, por la que se regula la implantación y uso del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía
-
Orden de 7 de julio de 2000, por la que se regula el funcionamiento de la Comisión Andaluza calificadora de documentos administrativos y los procesos de identificación, valoración y selección documentales.
-
Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la Junta de Andalucía.
-
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de política de gestión de documentos electrónicos,
-
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos
-
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
Problemas de espacio que sufren los archivos públicos, que presentan limitaciones en cuanto a las superficies de almacenamiento físico, máxime si se tiene en cuenta que la calificación de las series documentales les otorga, en muchos casos, unos plazos de conservación muy amplios.
Disponer de copias electrónicas de documentos que vengan a sustituir a los originales en soporte papel o en otro soporte no electrónico cumpliendo los requisitos que están previstos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo.
Favorecer la conservación de los documentos en el archivo electrónico único de cada Administración Pública, la optimización de los recursos y el espacio físico de oficinas y archivos, especialmente en el caso de expedientes que deben ser custodiados por tener plazos amplios de vigencia, y garantizar la custodia, conservación y acceso a los documentos públicos.
No se plantean soluciones alternativas.
La ciudadanía, así como los órganos y entidades que producen en el ejercicio de sus competencias documentos de titularidad pública, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados, de considerarlo oportuno, a través del siguiente buzón de correo electrónico: archivos.dgpdb.ctcd@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.