Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a auxiliares de conversación extranjeros de los idiomas inglés, francés, alemán y portugués.

Artículos 10 de la Orden de 22 de septiembre de 2011.Requisitos que deben reunir las personas solicitantes para la obtención de la subvención.

1. Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser nativas de un país en el que sea oficial la lengua por la que se participa.

b) Tener la nacionalidad de un país cuya lengua oficial sea la solicitada.

c) Disponer de un pasaporte de un país de la Unión Europea, o de un permiso de residencia en España que esté vigente hasta el 31 de mayo del curso escolar correspondiente.

d) Tener más de 18 años cumplidos a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) Disponer de un título universitario expedido en un país cuya lengua oficial sea la solicitada, y en esa lengua.

2. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo del curso escolar correspondiente.

3. No se podrá obtener la condición de persona beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además de los requisitos anteriores, la Resolución de 30 de julio de 2020 también exige estar en posesión del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales o del documento equivalente en sus países de origen, en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Portección Jurídica del Menor.

El 24 de noviembre de 2020 se publicó en BOJA nº 227 una corrección de errores modificando la Resolución de 30 de julio de 2020 donde se exige estar en posesión del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y del documento equivalente en sus países de origen, en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Portección Jurídica del Menor

Artículo 22 de la Orden de 22 de septiembre de 2011.

2.Las personas beneficiarias provisionales deberán presentar la siguiente documentación acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos como de los criterios de valoración:

a) En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, fotocopia del pasaporte o del documento nacional de identidad, y en el caso de los ciudadanos extracomunitarios, fotocopia de la TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjeros). No obstante lo anterior y en virtud del Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica, los interesados que residan en territorio español podrán optar por autorizar a la autoridad concedente a que verifique estos datos de identidad (sin tener que aportar, por tanto, copia alguna de los citados documentos). En caso de que no lo autoricen, deberán presentar la mencionada documentación de acuerdo a lo previsto en este artículo.

b) Fotocopia de la titulación universitaria alegada.

c) Currículum vitae europeo, al que podrán acceder desde la página http://europass.cedefop.eu.int/.

d) Certificación acreditativa de la experiencia docente y como auxiliar de conversación. Cuando se trate de experiencia en centros docentes dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía no será necesaria la presentación de la citada certificación si se ejerce expresamente el derecho a no presentarla y se autoriza al órgano instructor a que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.6. En otro caso, la certificación deberá venir acreditada por el organismo oficial donde se desarrolló la citada experiencia.

3. La documentación a que hace referencia el apartado 2 será también de aplicación a las personas beneficiarias suplentes que así se especifiquen en la propuesta provisional de resolución.

4. Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.

5. Las alegaciones y, en su caso, la documentación adjunta podrán presentarse en cualesquiera de los lugares y por cualesquiera de los medios indicados en el artículo 16, siempre que, para el supuesto de presentación en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, se trate de documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas interesadas también podrán aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas interesadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano instructor para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

6. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.