Procedimiento de gestión del pago al que deberá adaptarse toda actuación de depósito de un bien inmovilizado en una causa penal, ya sean vehículos, embarcaciones, aeronaves o similares.

La Constitución Española atribuye al Estado, en su artículo 146.1.5.º, la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. No obstante, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias compartidas, de acuerdo con lo establecido en el Título V de su Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el año 1997, en virtud de los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de enero, se traspasa a la  Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece su estructura orgánica, atribuye a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la propuesta, desarrollo, ejecución y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación con las competencias en materia de Administración de Justicia, entre las que se incluye la de coordinación y, en su caso, gestión de los depósitos judiciales.

Los depósitos judiciales se encargan de la custodia y conservación de las piezas de convicción que los Jueces instructores intervienen y retienen al conocer de hechos de carácter delictivo. 

Según establece el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «En los Autos o Sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales».

El pago será asumido por la Administración de la Junta de Andalucía, cuando no exista condena en costas, lo que hace que en la práctica se responsabilice del pago de los procedimientos judiciales cuya terminación obedezca a los supuestos que a continuación se enumeran, siempre que haya sentencia firme, resolución de sobreseimiento o declaración de rebeldía, y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se haya ejercitado la acción civil, o ejercitada no haya resultado responsabilidad:

- Absolución del procesado.
- Sobreseimiento de la causa.
- Declaración en rebeldía.
- Insolvencia del condenado en costas.

Recibida por el órgano territorial de la Consejería la certificación de la Secretaría del Juzgado relativa al contenido de la resolución judicial y a la fecha de adquisición de firmeza, el órgano territorial provincial solicitará del Depositario la liquidación del los gastos generados.