Expedientes de Regulación de Empleo Temporal por causas Económicas, Técnicas, Organizativas, o de Producción que puede consistir en la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores; la disminución de ésta puede estar entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. Todas estas medidas serán temporales, y se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar.

La empresa comunicará a la representación legal de las personas trabajadoras el inicio del periodo de consultas, con la información y documentación que se indican en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1483/2012. De modo simultáneo, lo comunicará a la autoridad laboral, mediante “Comunicación de inicio de procedimiento de expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, acompañando la documentación precisa. Al respecto, cabe destacar:

La intervención como interlocutores por la parte social, le corresponde a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.

En defecto de lo previsto en el párrafo anterior, la intervención como interlocutores se regirá por las siguientes reglas:

a) Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité de empresa o a los delegados o delegadas de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo no exista esta representación legal, se podrá optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por personas trabajadoras de la propia empresa y elegida por estos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.

En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, la empresa podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de que la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.

b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como interlocutores corresponderá:

En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación.

En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representación legal de las personas trabajadoras, la comisión estará integrada por estos.

2.ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representación legal y otros no, la comisión estará integrada únicamente por la representación legal de las personas trabajadoras de los centros que cuenten con ella, salvo que las personas trabajadoras de los centros que no cuenten con representación legal opten por designar la comisión a que se refiere la letra a), en cuyo caso la comisión representativa estará integrada conjuntamente por representantes legales de las personas trabajadoras y por miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción a su representatividad.

Documentación (artículo 18 del RD 1483/2012 necesaria para acreditar la concurrencia de la causa y que se trata de una situación coyuntural:

• Si la causa aducida es económica: Memoria explicativa y documentación contable y fiscal que sustente la medida (cuentas del último año y cuentas provisionales a fecha de la comunicación).

• Si la causa es técnica, organizativa o de producción: Memoria explicativa e informes técnicos justificativos.

• Relación de las personas trabajadoras afectadas y no afectadas, medidas a adoptar y criterios tenidos en cuenta para su designación, desglosadas por centros de trabajo y provincia, en su caso.

• Copia de la comunicación dirigida a las personas trabajadoras o a sus representantes de la intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada.

• Acta de constitución de la comisión negociadora.