La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación va a implantar un protocolo de actuación para el acceso a los programas de adquisición de competencias sociolaborales (PACS) por parte de los menores y jóvenes procedentes del sistema de protección de la Junta de Andalucía, cuyo procedimiento ha aprobado el Consejo de Gobierno.
Estos programas permiten orientar y preparar a los adolescentes y jóvenes en acogimiento residencial y familiar para el acceso progresivo a la vida autónoma, especialmente en el caso de aquellos que carecen de redes de apoyo social y familiar o de recursos económicos suficientes. Se compone de dos proyectos especializados, COIL (centros de orientación e integración laboral) y P+18 (Programa de mayoría de edad), que engloban tres tipos de recursos para llevar a cabo un conjunto de actuaciones, medidas y prestaciones de diferente tipo, que van desde el alojamiento residencial a recursos formativos, de acompañamiento o de prácticas en empresas.
Las acciones se inician antes de alcanzar la mayoría de edad y se pueden extender hasta los veinticinco años, con la prioridad de que estos adolescentes alcancen la autonomía personal y la plena integración social y laboral. De esta forma, se les garantizan unos recursos y unos profesionales que les orienten y acompañen para lograr desde sus primeras experiencias laborales hasta el logro de la emancipación.
El objetivo es que se doten de instrumentos para enfrentarse a su nueva situación de autonomía e independencia con unas mínimas garantías para su plena integración sociolaboral, y evitar por tanto situaciones de marginalidad y exclusión social.
Desde el inicio de la legislatura la Consejería de Igualdad ha incrementado los programas y servicios destinados a este colectivo de adolescentes y jóvenes, y ha ampliado el número de recursos de alta intensidad, mediante los que se facilita una atención intensiva e integral cubriendo sus necesidades de alojamiento y manutención, así como las necesidades formativas y sociolaborales.
Así, se ha pasado de las 215 plazas existentes en 2018 a 668 en 2020, un 75% más, y se trabaja ya para tener disponibles más de 825 puestos en este ejercicio de 2021, lo que supondría un incremento del 284% respecto a enero de 2019.
Procedimiento unificado
Esta diversidad de medios y recursos ha requerido el establecimiento de un procedimiento unificado que sistematice todas las etapas de la intervención y los criterios de actuación, con independencia de la fuente de financiación (contrato de servicio, Fondo Social Europeo, subvención IRPF u otros).
Dicho protocolo se instrumentalizará a través de una Instrucción de la Dirección General de Infancia e incluirá el perfil de las personas destinatarias, los requisitos para el acceso a los recursos y el seguimiento en los mismos, objetivos, fases y actividades del programa, así como las funciones de las distintas entidades intervinientes en el proceso (centros de protección de menores, entidades colaboradoras gestoras del recurso, servicios de apoyo al acogimiento familiar y de protección de menores de las delegaciones territoriales).
El nuevo protocolo permitirá, por tanto, homogeneizar la metodología del programa, incrementar la coordinación interinstitucional y la eficacia de las intervenciones profesionales, garantizando la adecuada utilización y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
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