La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha impulsado programas de viviendas con los que se ha atendido las necesidades de más de 5.500 familias de la provincia de Huelva, con una inversión global superior a los 46 millones. Un informe presentado al Consejo de Gobierno describe las políticas puestas en marcha en esta legislatura a través del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 en la provincia onubense, entre las que destaca la construcción de más de 300 viviendas a precio asequible, rompiendo una tendencia de gobiernos anteriores en los que no se apostaba por ampliar el parque residencial.
El informe se detiene en el Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, por el que se han concedido subvenciones por un importe de ocho millones de euros a promotores públicos y privados para 269 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible en la provincia de Huelva repartidas en once promociones. De ellas, se ha finalizado ya una promoción de 60 viviendas de un promotor privado en Marismas del Odiel (Huelva) y están en marcha otras cuatro promociones de la capital onubense y Puebla de Guzmán. Además, está pendiente el inicio de otras cuatro promociones en Aljaraque, Isla Cristina, Huelva y Lepe. En Andalucía, este programa ha posibilitado la construcción de 3.000 viviendas en alquiler, con una inversión global de 266 millones y una estimación de 9.000 empleos creados en el sector de la construcción.
Por otra parte, Huelva ha sido pionera en una fórmula de colaboración público-privada para poner en el mercado suelos residenciales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mediante permuta a cambio de vivienda. En Pescadería se está construyendo desde el año pasado una promoción de 48 viviendas con una inversión de 5,4 millones. A cambio del suelo recibido, el promotor entregará nueve viviendas que se incorporarán al parque público de la Junta de Andalucía.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio también ha dado respuesta a programas que se encontraban enquistados o no se ejecutaban. Es el caso de las ayudas mediante subsidiación autonómica del préstamo hipotecario al que podían acogerse los promotores para viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, alojamientos protegidos, alojamientos de promoción pública y viviendas de promoción pública para la integración social. En tres años se han retomado los pagos que hacía años no se realizaban y se han abonado 3,6 millones para 2.646 viviendas.
Además, se han resuelto 814 solicitudes de ayudas al alquiler por 2,9 millones, a las que hay que sumar las ayudas específicas a personas en situación de vulnerabilidad, en la que se han desarrollado dos líneas: una destinada a las personas físicas, que se han resuelto favorablemente 342 expedientes por 1,3 millones de euros; y otra que va a entidades, donde se han atendido ayudas para 225 viviendas de administraciones y empresas públicas y 12 viviendas para entidades sin ánimo de lucro sumando una cantidad cercana a los 440.000 euros.
El Gobierno andaluz también ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones del parque residencial, que van desde la accesibilidad (instalación de ascensores o rampas) a medidas de eficiencia energética (sustitución de ventanas, reparación de fachadas y cubiertas). En el programa de rehabilitación de viviendas se han beneficiado ya 122 viviendas de la convocatoria de 2019 a las que se sumarán otras 87 actuaciones de la última convocatoria que están pendientes de resolución. Mientras, 152 familias han resultado beneficiarias del programa de rehabilitación de edificios, a las que se sumarán otras 211 actuaciones que están previstas en la convocatoria actual. Por último, en adecuación funcional básica, un programa destinado a personas mayores de 65 años o personas con movilidad reducida, se han concedido ayudas para 136 viviendas. Las ayudas ascienden a 3,3 millones.
También se han acometido actuaciones para la rehabilitación del parque público. La gestión de AVRA se ha traducido a obras de rehabilitación energética, regeneración y renovación de barriadas, mejora de la accesibilidad y reparaciones que ha permitido intervenir en más de 500 viviendas con un presupuesto de 11,1 millones de euros en viviendas públicas de Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Jabugo, Manzanilla y Punta Umbría. Además, hay que sumar que se ha facilitado el acceso a la propiedad de una vivienda a 147 familias onubenses.
Inversiones en carreteras
Por otra parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio también ha informado al Consejo de Gobierno del balance de las inversiones efectuadas en la red viaria de titularidad autonómica en la provincia de Huelva en lo que va de legislatura, que suman 30,8 millones de euros entre mejora de la seguridad vial, obras de emergencia, contratos menores, servicios de conservación integral y mantenimiento de firmes. No se han contabilizado en estas cifras los contratos de conservación que Huelva comparte con la provincia de Sevilla, que suman 15,3 millones de euros más.
Además, se encuentra en fase de adjudicación varios contratos para mejorar el estado de las carreteras onubenses: dos contratos de reparación de firmes por 3,3 millones de euros, uno sobre sustitución de luminarias tipo LED y varios contratos compartidos con otras provincias para la colocación de biondas, señalización, pintura, desbroce, plantaciones y podas en la red de alta capacidad y el control de vegetación en los márgenes por 22 millones.
A estas inversiones se sumarán otras importantes actuaciones en infraestructuras viarias en la provincia de Huelva. Las obras de mejora de eficiencia energética y ambiental de iluminación del puente del Odiel saldrán a licitación en breve por 4,5 millones de euros. Además, está en la fase final de elaboración del proyecto de tercer carril inteligente y sostenible previsto en la carretera A-483 en su primer tramo entre Almonte y la Variante del Rocío para, a continuación, poder licitar las obras. Este proyecto plantea la ampliación de la calzada a tres carriles en un tramo de 13,5 kilómetros. El carril central será reversible y el sentido de circulación se determinará en función de las demandas del tráfico. El tráfico será controlado telemáticamente en cada momento mediante señalización luminosa en pórticos y calzada, para lo que se contará con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT).