La Junta culmina el traslado de la Fiscalía Superior y la Fiscalía de Granada a su nueva sede en el rehabilitado Banco de España

La delegada de la Junta en Granada destaca el valor de la recuperación de este edificio emblemático para la ciudad que mejorará el trabajo y representatividad de la Fiscalía
Andalucía, 23/12/2014

La Consejería de Justicia e Interior ha culminado el trasladado de la Fiscalía Superior y la Fiscalía provincial de Granada a su nueva sede en el Banco de España, una sede que ha sido rehabilitada por la Administración autonómica con una inversión de 2,59 millones de euros.

El director general de Infraestructuras y Sistemas de la Junta, Rafael Martín de Agar, y la delegada de Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, han visitado hoy la sede tras la conclusión de la mudanza acompañados por el fiscal superior, Jesús García Calderón.

La delegada ha destacado el valor de este edificio emblemático de la ciudad para conferirle una función representativa para la Fiscalía Superior, recuperando así un inmueble importante y simbólico de Granada que refuerza además así su capitalidad judicial.  

Con la culminación de este proyecto se mejorará considerablemente la capacidad espacial y funcional de la Fiscalía y las condiciones en las que desempeñan su trabajo sus profesionales en la prestación de su servicio a la ciudadanía. Las obras de reforma ha permitido la rehabilitación, en esta primera fase, de la mitad del edificio interviniendo en una superficie de 2.291 metros cuadrados.  La sede del antiguo Banco de España data de 1933 y es obra del arquitecto Secundino Zuazo.

Junta está llevando a cabo más de 30 proyectos para la mejora de sedes judiciales de Andalucía, entre las que destaca el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, pese a los recortes impuestos por el Gobierno del Estado, según ha informado hoy en el Parlamento el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.


El titular de Justicia e Interior ha subrayado en su intervención que éstas y otras obras de mejora de las infraestructuras judiciales de Andalucía se están llevando a cabo a pesar de la difícil situación económica y los recortes presupuestarios y de financiación impuestos por el Gobierno estatal. “Hemos tenido que afrontar una gestión muy compleja con la limitación de recursos que se nos impone”, se ha lamentado el consejero, que ha añadido que “nos han cerrado el grifo y después nos piden que reguemos”.

De Llera ha asegurado que lo prioritario en estos momentos es garantizar la prestación del servicio público de Justicia y también el acceso en igualdad de toda la ciudadanía, evitando que las medidas y dejaciones del Gobierno central supongan un retroceso y nos obliga a detraer recursos para esta finalidad”.
 
Pese a todas estas dificultades, la Junta, ha finalizado 57 actuaciones para la mejora de las infraestructuras judiciales andaluzas, 25 de nueva planta y 32 de reforma, y ha incrementado la superficie de las sedes en más de 200.000 metros cuadrados, aparte de las dos ciudades de la Justicia ya construidas (Almería y Málaga) y la que se ha empezado a levantarse en Córdoba.

De la treintena de actuaciones que está llevando a cabo la Junta, De Llera ha resaltado la supervisión del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de las sedes de Lucena, Villacarrillo, San Fernando, Lebrija o Lora del Río; la reforma parcial de la sede de El Prado de San Sebastián en Sevilla y de Torrox; la cubierta de la sala de vistas de los juzgados de Marchena y el traslado de los juzgados de Cazalla a unas nuevas instalaciones.

Además, el consejero de Justicia e Interior ha destacado la finalización de las obras de la primera fase del antiguo edificio del Banco de España en Granada, a la espera sólo de la licencia de ocupación para efectuar el traslado de la Fiscalía; la tramitación de contratos de arrendamiento para trasladar juzgados que se encuentran en edificios en mal estado, como los de San Fernando o La Línea, en Cádiz, y las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Vera, en Almería, para la cesión de inmuebles que permitan el traslado de los juzgados a otro edificio.
 

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